Después de indagar a los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner: Aníbal Fernández, Juan ManuelAbal Medina y Jorge Capitanich, ahora el juez federal Claudio Bonadio citará a casi un centenar de intendentes que deberán explicar qué hicieron con los $600 millones que recibieron del Estado para en el marco del programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).
El magistrado investiga una presunta malversación de fondos porque el dinero no habría llegado adonde debía y las obras no se hicieron. Los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo declararon durante octubre y principios de noviembre. También fueron citados otros funcionarios del gobierno K.
Bonadio se basó en irregularidades detectadas en 120 proyectos elegidos al azar de los desarrollados por el Girsu y que fueran relevados en la causa tanto en un informe que se le pidió a la cartera actualmente a cargo de Sergio Bergman como a la Sindicatura General de la Nación (SiGeN).
Según fuentes judiciales, no hubo rendición de cuentas sobre los fondos girados a los municipios y no hay constancias de la construcción de las plantas previstas para el tratamiento de los residuos sólidos.
La denuncia se focalizó en municipios de las provincias de Santa Cruz y el Chaco, la primera muy beneficiada por los Kirchner y la segunda provincia donde gobernaba el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich.
Pero luego, el juez detectó las mismas irregularidades en comunas de todo el país. Tras las indagatorias a los funcionarios, ahora Bonadio apunta a los intendentes,
Las convocatorias a los intendentes comenzarían a llegar antes de fin de año, reveló este martes (14/11) el diario La Nación. En la auditoría, se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa "funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos".
El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un "mapa crítico" para identificar lugares "vulnerables"; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.
La investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonó según el matutino.
El 1º de noviembre dejó un escrito y planteó que los "responsables" de la ejecución fueron los jefes municipales. La Jefatura de Gabinete era responsable de la transferencia de fondos. Entre 2013 y 2015, Ambiente era una secretaría que dependía de la Jefatura de Gabinete.
Capitanich fue ministro coordinador entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. En 2014, según determinó una auditoría que realizaron Ambiente y la Sigen, se giraron $ 275.065.082 a 64 municipios, de los cuales 49 eran de Chaco, provincia que gobernó Capitanich, actual intendente de Resistencia.
El 29,4% de los fondos totales del programa fue a municipios chaqueños. En 2013, los giros a municipios fueron por $ 182.856.775; en 2015, por $ 132.215.069. En los tres años bajo la lupa se acumuló un total de $ 590.136.927.
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