(U24) - La Gaceta Oficial ha confirmado lo que ya casi todo el mundo sabía en Caracas: la destitución del todopoderoso general Gustavo González López, quien durante 4 años ha dirigido con mano de hierro el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Él fue reemplazado por el también general Manuel Ricardo Cristoher Figuera. Pero la sustitución de González López tiene una lectura interna para la revolución: sale un hombre de Cabello, y Maduro sitúa al frente de la policía político a un general de su confianza, quien durante 12 años ejerció como edecán personal de Hugo Chávez y cuyo último destino fue la dirección del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa)
El cese del jefe de la policía política del chavismo, un Estado dentro del Estado con sus propios poderes, suc ede 3 semanas después de la muerte del concejal opositor Fernando Albán en la dependencias caraqueñas.
El cuerpo del dirigente cayó desde el 10mo. piso del edificio. La versión oficial mantiene todavía que se trató de un suicidio, pero desde la oposición y desde las organizaciones de derechos humanos se sospecha que Albán murió mientras era torturado.
Ambos, López y Figuera, tienen en común que sus nombres estar incluidos en la lista de funcionarios denunciados en la Corte Penal Internacional, por la abogado defensora de los derechos humanos Tamara Suju, directora del Instituto Casla, quien en junio solicitó una investigación en contra del Estado venezolano por delitos de lesa humanidad.
González López es considerado como el principal colaborador de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y cabecilla del sector radical. Sus agentes de la policía política no sólo han detenido a políticos sin órdenes judiciales, también se han negado a liberar a presos que habían obtenido boletas de libertad emitidas por los jueces.
Pero Cristopher Figuera, quien ya ejerció como subdirector de la Contrainteligencia militar, también es considerado un "duro" por los organismos de derechos humanos. En 2017, Cristopher Figuera sustituyó a Gonzalez López en la Dirección del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria; y se desempeñó como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ambos organismos dependientes de la Vicepresidencia de la República.
También forma parte de la cadena de mando de 25 oficiales que fueron señalados por Suju de haber cometidos detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas contra ciudadanos perseguidos y sus familiares, por razones políticas en los últimos seis meses.
“Este cambio de un criminal por otro criminal no es absolutamente nada bueno para la causa de aquellos que están siendo señalados por el gobierno de algún acto de conspiración. Ambos son unos criminales acusados ante la justicia internacional”, expresó Suju.
Agregó que, según las denuncias, el nuevo director del Sebin fue denunciado por sus propias víctimas de ordenar torturas y maltratos. Andrés Colmenares, director de la ONG Funpaz, ve con suspicacia que haya sido designado un militar que por 12 años consecutivos fue edecán del presidente fallecido Hugo Chávez y que es señalado de maltratos. Indicó que el cambio en el Sebin denota que la prioridad del gobierno no es el respeto de los derechos humanos.
El Sebin tiene 13 presos políticos: 12 en El Helicoide y 1 en la sede de Plaza Venezuela, de acuerdo con las cifras del Foro Penal Venezolano. Alfredo Romero, director de la ONG, indicó que la nueva directiva del Sebin enfrenta una situación en la que hay dudas razonables sobre el respeto a los derechos humanos en ese organismo.
Agregó que de la anterior gestión “hay historias que ameritan ser investigadas en un futuro próximo”. “Lo más preocupante no es el nombramiento en ese cargo, sino la impunidad avalada y promovida por el gobierno al ni siquiera destituir a tiempo al antiguo director ante todas las denuncias que han hecho en su contra, no solo de la muerte de Fernando Albán”, manifestó. Para Primero Justicia, partido al que pertencía Albán, fue un "asesinato".
La Unión Europea, USA y la mayoría de los países de la región exigieron una investigación independiente de esta muerte, sumándose a la postura del Gobierno español, el primero en reclamarla. En cambio, José Luis Rodríguez Zapatero, ex Jefe de Gobierno español y antiguo mediador entre Maduro y la oposición, apostó directamente por la investigación del fiscal, estrecho aliado del primer mandatario quien ha amenazado a quienes se atrevan a discutir la versión oficial del suicidio. Para los activistas por los derechos humanos, sobre González López pesa un historial de señalamientos de haber desconocido decenas de órdenes de jueces que pedían liberar a presos que estaban en el Sebin.
BAJA REPUTACIÓN
El Centro Internacional para los Derechos Humanos, Justicia y Libertad señaló que el Sebin viola 22 Pactos, Tratados y protocolos internacionales. La denuncia la hizo Miguel Méndez, director de la ONG que tiene sede en 12 países, luego de leer el testimonio de Lorent Saleh, preso político que estuvo en ambas sedes del Sebin, en Caracas, y fue excarcelado y enviado a España el sábado 13 de octubre.
“El testimonio vivencial de Saleh es una evidencia demostrable de las aberraciones que perpetran los cuerpos represivos del régimen, con total indemnidad del íntegramente corrompido del sistema judicial”, expresó Méndez. Añadió que los funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones de los derechos fundamentales deben responder a la justicia internacional “por graves crimines de lesa humanidad”.
Atendieron a Requesens La defensa del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens informó que extraoficialmente conocieron que el parlamentario fue trasladado desde la sede del Sebin en El Helicoide al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde fue atendido médicamente por presentar una edema facial que le ocasionó una infección en una muela.
Su abogado Joel García indicó que el dirigente de Primero Justicia fue atendido y regresado a la cárcel. La familia había denunciado el lunes 29/10 la falta de atención médica por más de 15 días, lo cual calificaron como un modo de tortura física. Exigieron conocer el estado de salud de Requesens y denunciaron que el traslado se efectuó sin conocimiento de sus abogados ni parientes.
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