PARANÁ. A nadie escapa que el cobro del plus por parte de profesionales de la medicina y de clínicas, tiene su origen en los magros importes que la obras sociales ofrecen en pago por las distintas prestaciones médicas; y se conoce que ello ocurre en gran medida debido a la corrupción que existe en las mismas prestadoras de salud.
Principalmente cuando las mismas están relacionadas con el Estado. Es el caso de Entre Ríos, donde el Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER), que atiende a los empleados de la Administración Pública, con cerca de 300 mil afiliados y un presupuesto anual de casi $1.500 millones, no ha podido cortar dicho flagelo que perjudica a sus afiliados debido a que lo que paga por las prestaciones es insuficiente.
Aunque las causas hay que buscarlas también en otros factores, la corrupción imperante dentro de la obra social es quizás el más importante. Según fuentes que vienen estudiando el caso desde hace varios años,cerca del 15% del total del presupuesto, unos $225 millones, se “evaporan” debido a la falta de controles suficientes.
Como para tener una idea de la importancia de esa cifra, las mismas fuentes aseguran que si la mitad de ese monto se destinara al pago de las prestaciones se terminaría definitivamente con el problema del cobro del plus.
Ahora, según un informe de la web Entre Ríos Ahora, el gremio de los docentes, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), pidió la “inmediata sanción” de la ley que prohíbe el cobro de plus a los afiliados a las obras sociales en la provincia.
Lo hizo a través del representante del sindicato en el directorio del IOSPER, recordando que “la eliminación del cobro del plus médico es una lucha histórica de AGMER”. El primer proyecto de ley que propicia la eliminación del cobro de plus en el sistema de seguridad social en la provincia empezó a debatirse hace más de un año, y en abril de 2015 la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa.
“Prohíbase en todo el territorio de la Provincia la exigencia y/o el cobro de plus a toda persona física o jurídica por los servicios médicos y ramas anexas que brinden a los afiliados que gocen de cobertura médico asistencial otorgadas”, planteó el artículo 1º del proyecto de ley, a la vez que ubicaba como órgano de control al Ministerio de Salud Pública.
Pero no avanzó, y el miércoles 24/09/2015, 18 obras sociales de la provincia firmaron un pronunciamiento en el que acordaron acciones en conjunto con la vista puesta en erradicar el cobro de plus por parte de los médicos a sus afiliados y pedir la promulgación definitiva de la ley.
En diciembre ingresó a la Cámara de Senadores pero allí se encontró con otro escollo: el 30/11/2015 el Senado había dado media sanción a otro proyecto impulsado por el ex senador César Melchiori, que también prohíbe el cobro de plus en la provincia y ubica como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud.
Así las cosas, la nueva Legislatura con una composición muy distinta a la anterior, debería ahora avanzar en la sanción de la norma, tal como lo solicita AGMER, ya que a pesar de que el IOSPER acaba de actualizar los montos de las prestaciones en un nuevo acuerdo con la Federación Médica de Entre Ríos, nada hace prever que eso evite que se siga con el cobro del plus por parte de los profesionales y de los sanatorios y clínicas en los que se atienden los afiliados.
Un detalle no menor es que la presidencia del Directorio del IOSPER hace años se encuentra en manos de los mismos actores: representantes de los trabajadores del Poder Legislativo y de la Justicia. Los primeros tienen relación directa con la política, mientras que los segundos, en otros tiempos un gremio muy combativo, desde que logró ser cabeza del IOSPER, cambiaron drásticamente sus actitudes.
Hay que tener en cuenta además que los trabajadores legislativos y judiciales cobran salarios que están muy por encima de la media de los demás trabajadores de la administración y en muchos casos a ellos el cobro del plus no los afecta en la misma medida que al resto.
El actual presidente del instituto pertenece a los judiciales, aunque ocupa ese lugar mediante un acuerdo con los legislativos, mientras que las dos anteriores administraciones estuvieron en manos de un representante de estos últimos.
Esa cercanía con la política es la que señalan las fuentes que estudian el tema IOSPER como uno de los factores más importantes a la hora de justificar la altísima corrupción existente. Allí radica también el temor de muchos de los integrantes de AGMER respecto a que si finalmente lograrán que se sancione la ley, tal como lo vienen solicitando.
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