viernes, 29 de abril de 2016

13 MEDIDAS PARA MEJORAR LA AFA Y EL FÚTBOL PARA TODOS

DEPORTES / GRACIELA OCAÑA 



Una propuesta, presentada por Graciela Ocaña al gobierno nacional, busca dotar de transparencia la administración del fútbol argentino a través de auditorías, licitaciones públicas, acceso a la información de utilización de fondos públicos dedicados a las transmisiones de los partidos y control y ordenamiento de las finanzas de los clubes. 


El plan, consistente en 13 puntos, establece como primer punto la "suspensión de la empresa Torneos S.A. y Santa Monica S.A. como prestadora del Estado y prestadoras de servicios a la AFA . Anulación de sus contratos y llamados a Licitación pública".

Según Ocaña, "la AFA ha contratado a esta empresa para comercializar la imagen del seleccionado nacional en un contrato a todas luces ruinoso para la AFA y por lo tanto para las finanzas de los clubes. Por otra parte, tal como hemos señalados ante la Justicia, esta sociedad cobró del programa FPT derechos de televisación que nunca pudieron acreditarse". En ese sentido, el punto 2 de la iniciativa promueve "la licitación pública de todos los servicios

 para la producción del Fútbol para todos". Al respecto, la legisladora subraya que "todos los contratos vigentes del programa FPT están siendo investigados por la Justicia. Para dar transparencia a los mismos solicitamos se revean y se realicen licitaciones públicas, de acuerdo a las normativas vigentes".

El proyecto sugiere el establecimiento de una página especial del FPT donde se publiquen todos los datos del programa (que incluya publicación del personal contratado, montos de salarios, contrataciones realizadas y transferencia a la AFA/ Clubes por parte del Programa), así como también la transferencia directa a los clubes de los fondos del FPT.

"Actualmente los fondos del programa FPT son girados a la AFA, que sin transparencia asigna los fondos. Cabe mencionar que por esta tarea de “gerenciamiento” la AFA detrae el 9 % de los fondos. Esta “comisión” no esta avalada por ninguna clausula del contrato. Además gira el 2 % de los fondos a la fundación a cargo de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Todo este manejo arbitrario de los fondos puede solucionarse con la acreditación directa a las cuentas corrientes de los clubes, a partir del acuerdo de reparto de fondos", proclama el documento.

Además determina que "se deberá publicar regularmente los detalles sobre todos los contratos que se celebraren y que AFA participe. Esto permitirá que tanto los clubes, como los socios, simpatizantes, periodistas y todos los ciudadanos puedan tener acceso al manejo de los fondos".

En otro orden, propone la Creación de un Comité Normalizador de la AFA, integrado por dirigentes del fútbol y representante de la FIFA, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, la creación de un Comité de Investigación para analizar el vínculo entre AFA y la investigación de la FIFA y la creación de Protocolo de Compras y contrataciones, para erradicar cualquier tipo de hecho de corrupción.

En materia de seguridad, Ocaña destaca que "existe una superposición o duplicación de sistemas de control de ingresos a los estadios a partir de los programas AFA PLUS y SABED. Ambos sistemas utilizaron fondos públicos y no sólo no se encuentran implementados sino que ninguno de los dos cumplió con el objetivo inicial que era la erradicación de la violencia en el fútbol. Es necesario saber el destino del dinero aportado por el Estado Nacional y avanzar de una vez por todas en la implementación correcta del sistema, mediante el cual no se le permita ingresar a las barras y/o a aquellos que posean causa de violencia en ocasión de fútbol a los estadios".

Por último, la propuesta impulsa > la "publicación de Balance obligatorio por cada uno de los clubes que recibe de los fondos en el marco del FPT",

< la realización de un "informe anual de la Auditoria General de la Nación sobre el manejo de los fondos del FPT",

< y la "incorporación de estas propuestas al Estatuto de la AFA, modificando la redacción del artículo 15 y estableciendo la obligatoriedad de las facultades y obligaciones (eliminando el carácter facultativo que revisten en la redacción actual) del órgano encargado de actuar".

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