El empresario Lázaro Báez entregó este lunes (30/05) un escrito al juez Sebastián Casanello, en el que brindó detalles sobre el reparto de la obra pública en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y pidió que cite a los funcionarios que participaban de la operación y eran los encargados de controlar las licitaciones.
En la presentación "por derecho propio", Báez solicitó que se "sincere el objeto procesal de la causa". Y apuntó contra Casanello y el fiscal, Guillermo Marijuan: "Es manifiestamente errado y sugestivamente tendencioso afirmar, sugerir, o dar a entender en distintas declaraciones públicas algo y luego omitir volcarlo en el expediente. Me refiero a la repetida afirmación de los funcionarios intervinientes en la pesquisa de que la participación del Grupo Austral en distintas obras públicas, adjudicadas mediante el sistema de licitación pública (y nunca por contratación directa) sería sinónimo de corrupción, de dádivas, o de cohecho".
Asimismo, se quejó de que "tanto el fiscal como el juez intervinientes han alegado en reiteradas oportunidades -sin probar nada- que Austral Construcciones habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios".
"A partir de allí han invocado -también sin probar nada- que se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales se habrían tornado ilícitos esos fondos. Y posteriormente (...) se habría vuelto a tornar blancos aquéllos fondos que inicialmente lo eran", sentenció.
Para el constructor de Santa Cruz, Casanello "no probó ningún hecho" en el expediente y solamente "afirmó arbitrariamente algo en pos de no ver desvanecida su infundada pretensión de someter a Lázaro Antonio Báez y a Martín Báez al escarnio de un proceso penal".
"Este proceso es escandaloso para un sistema penal de garantías. Es claro que Vuestra Señoría tiene preso a un inocente", alegó. El empresario presentó un documento de 36 hojas, acompañado por las firmas de los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari.
Allí afirmó que no se puede probar el lavado de dinero y vuelve a apuntar contra funcionarios de la gestión kirchnerista al plantear que, si hubo delito como considera el juez, no controlaron las obras.
Al mismo tiempo denuncia que lo quieren mantener preso a "como dé lugar". El titular de la constructora planteó al magistrado que si su intención es "cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos" tenga en cuenta que "los actores principales" son los funcionarios públicos "sobre quienes reposaba el deber de control".
Báez afirmó que el juez no tiene pruebas para establecer el "delito precedente" al lavado de dinero, al mismo tiempo que defiende cada una de las obras realizadas en el marco de licitaciones de obra pública. Aseguró no tener relación alguna con Juan Suris, detenido por causas de facturación apócrifa y al cual se lo menciona como la "usina" a la que Austral Construcciones habría acudido, y pidió, nuevamente que, en caso de haber cometido un delito, se actúe de la misma manera contra los "responsables del Poder Ejecutivo, funcionarios de las carteras más importantes, distintos actores del Congreso y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos sobre quienes reposaba el deber de control".
Báez sostiene que no es "el zar de la obra púbica" y que según datos del Gobierno Nacional, ocupa el lugar 36 en materia de adjudicaciones de obras: "Con la impronta que el juez y el Sr. Fiscal han impuesto a la causa, y según lo expresado públicamente por quienes llevan adelante la pesquisa, todos los integrantes de esta lista deberían ser investigados. Es que la totalidad de los integrantes de la referida lista participaron en las licitaciones de obras públicas en las mismas condiciones en que el Grupo Austral lo hizo. Ello implica que la impropia virulencia jurisdiccional desplegada sobre mi persona y mis empresas debería desplegarse también sobre los mismos. O debe admitirse que perseguirme penalmente es sólo un capricho inadmisible en el marco de un Estado de Derecho".
Báez finaliza: "En el contexto aludido, parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos. Sin embargo, los actores centrales de ello no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (Diputados y Senadores, nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la Administración Pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control".
Cabe recordar que el pasado 18 de abril Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y su contador Daniel Pérez Gadín y los embargó en más de 100 millones de pesos por lavado de activos en la causa conocida como "ruta del dinero K".
Además fueron procesados -sin prisión preventiva- sus respectivos hijos Martín y Sebastián; el asesor financiero Fabián Rossi; el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo Fernández, y el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot.
Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.
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