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| Ricardo Darín en la película "Carancho" |
La industria del juicio se acreditó un valioso insumo desde que se sancionó el sistema de riesgos del trabajo edificado en 2012 por el kirchnerismo con no pocas controversias: en 2015 ingresaron en los tribunales 106.016 demandas, con lo que el stock alcanza a 270.000 casos.
La paradoja es que, en lo que lleva la nueva ley, la cantidad de accidentes laborales bajó 30% y el índice de fallecidos, 63%, es decir, todos los indicadores de la siniestralidad bajaron y, sin embargo, la judicialidad subió.
La norma vigente incrementó las indemnizaciones por accidentes, dispuso su actualización automática, redujo plazos de cobro e incorporó nuevas enfermedades laborales, además de limitar las comisiones del sector y eliminar la ‘doble vía’ indemnizatoria.
Otro de los aspectos que más le cuestionaron fue que se redujeran las comisiones que perciben los intermediarios del sistema -brokers y productores asesores de seguros- del 12% al 5%.
Hugo Moyano estaba sacado en la calle. Gritaba: “Esto es lo mismo que la ley Banelco. Va en contra de la salud de los trabajadores, que es nuestro único capital”, denunció.
El espíritu de la reforma venía siendo objeto de un antiguo contrapunto sobre los riesgos laborales entre dos veteranos abogados: uno por la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; y otro por la CGT, Héctor Recalde; luego, se trasladó hace varios años al Congreso cuando el letrado laboralista ingresó como diputado por el FpV.
Los debates entre Recalde-Funes de Rioja eran un clásico de la política, como un Ríver-Boca, pero en cuanto entró a tallar la Casa Rosada torció el rumbo hacia los intereses de las corporaciones, como denunciaron desde la izquierda.
El secretario general de la central obrera, Hugo Moyano, arremetió contra el proyecto, que defendían a capa y espada el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el jefe del bloque oficialista,Agustín Rossi, mientras Recalde, durante muchos años compañero de rutas del líder camionero y su aliado al ocupar la banca, se escabullía mutis por el foro.
Fue el fin de una amistad, que le costó también a Moyano alejarse de los Kirchner y terminar enrostrándole a su viejo colaborador haberlo traicionado para no perjudicar al hijo, Mariano, en su ascenso dentro de la estructura de La Cámpora y por ende del gobierno de Cristina Kirchner.
A poco de andar, el sistema reúne casi 10 millones de trabajadores cubiertos. Desde sus inicios, la cantidad de accidentes laborales bajó un 30% y el índice de fallecidos en ocasión del trabajo, 63%, incluyendo los acaecidos initínere (lo que significa que se evitaron más de 7.760 muertes).
Además, la reforma de la ley en 2012 trajo significativo aumento en las prestaciones dinerarias (las sumas adicionales y los pisos prestacionales crecieron un 368%) y una destacada mejora en las contingencias cubiertas.
De los 5.476 trabajadores atendidos a diciembre de 2015, el 28% logró la reinserción laboral y el 37% fue reubicado. Así y todo, la cantidad de juicios que ingresan anualmente al sistema sigue creciendo.
Según datos de UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), en 2013, con 78.581 casos nuevos, el aumento del stock fue del 22%; en 2014 entraron 88.567 demandas creciendo la masa en un 13%; yen 2015 la cosa fue mucho peor: ingresaron 106.016 juicios nuevos creciendo la tasa un 20%.
"Administrar un stock total de 270.000 juicios ya resulta insostenible para las ART. Al año tenemos casi el doble de juicios nuevos que incapacidades pagadas por la vía administrativa. Está totalmente desfasado", remarcó Mara Bettiol, presidenta de la cámara, consultada por la revista Estrategas. Acerca de los servicios y la cobertura, Bettiol explica que la reforma de 2012 dio respuesta a todos los cuestionamientos judiciales y objeciones en general que pesaban sobre el sistema. "La judicialidad, entonces, responde a las variadas interpretaciones que hoy se hacen sobre esta reforma.
El problema no es la ley; el problema son las interpretaciones", define. Hurga la publicación en qué es lo que promueve las incursiones judiciales y a qué responde el aumento indiscriminado de los montos demandados y sentenciados para desagregar la catástrofe judicial y ver dónde están los focos del incendio. Bettiol señala que el problema más importante es la disparidad de criterios judiciales para tratar casos de accidentes del trabajo.
"El primer punto de esa disparidad recae sobre los porcentajes de incapacidad que se asignan", puntea. La ley provee un baremo, la Tabla de Evaluación de Incapacidades, que forma parte del cuerpo legal para que se interprete en forma conjunta con todo el resto de las fórmulas que se utilizan para calcular la indemnización.
CADA PERITO CON SU TABLA
"Sin embargo, los peritos usan cada uno su propia tabla. El baremo está y no se utiliza", explica la presidenta de UART. En principio, esto puede estar motivado, según Estrategas, por la ligazón lineal que existe entre los honorarios que cobra un perito y el porcentaje de incapacidad que fija. "A mí criterio, ese es el problema de fondo: los peritos cobran honorarios en función de los porcentajes de incapacidad que determinan.
Es una locura. Uno cree en la buena fe de los profesionales, pero la verdad es que el sistema pericial médico es perverso. Hay que independizar una de otra esas dos cuestiones", se suma Gonzalo García, director de Negocio de Galeno ART.
"Es comprensible que un dictamen de una comisión médica determine que no existe incapacidad laboral y que luego un perito médico oficial fije, para el mismo caso, una incapacidad del 35% o 40%", se queja Davi. "Para un caso similar, en un juzgado te pueden dar el 5% de incapacidad y en otro, el 50%. -se suma Aulicino-.
Lo que en un lugar te sale 300 mil pesos, en otro te puede salir un millón. Un caso real: le pagamos a una persona un 5% de incapacidad, esa persona fue a la justicia y le dieron un 52%. Con un 52% de incapacidad física no podrías volver a trabajar; sin embargo, esta persona iba a trabajar normalmente.
Es ridículo", aporta el ejecutivo de SMG ART. La segunda gran fuente de disparidad tiene como protagonista al RIPTE, el índice que mide la evolución de los salarios del sector formal, que la ley prevé utilizar para la actualización de las sumas establecidas en pesos.
"La justicia aplica el RIPTE de variadas formas o a porciones de la indemnización en las que no corresponde aplicarlo. Además, esto se conjuga con las tasas de interés de todo tipo que se establecen", detalla Bettiol a Estrategas. El trípode que sostiene al sistema de riesgos del trabajo en terapia intensiva se completa con la aplicación de forma retroactiva de las mejoras que trajo la reforma de 2012 (o sea, a casos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma).
"La Corte de Santa Fe aplica la retroactividad. Pero, por suerte, las Cortes de Córdoba, Mendoza y Río Negro ya se expidieron favorablemente a la no retroactividad. Los casos desfavorables se están apelando a la Corte Suprema", señala Bettiol. La mitad de los 106.000 casos nuevos ingresados en 2015 corresponden a CABA porque allí confluyen varios de estos desbarajustes judiciales, entre ellos la aplicación de una tasa conocida como tasa activa recargada, asegura la publicación.
CRITERIOS DISPARES
Los aseguradores coinciden en que, en la medida en que siga habiendo multiplicidad de criterios, cada quien va a presentarse en la Justicia a ver qué le dicen en su caso. Si el criterio fuera único, no habría necesidad de recurrir a la Justicia a ver qué pasa.
"Esto hace a la seguridad jurídica y a la equidad y automaticidad de la prestación; que todo el mundo sepa a ciencia cierta cuánto le corresponde si tiene un daño. Y permitiría que queden para la instancia judicial solamente los casos de conflicto", redondea Bettiol. Uno de los efectos apuntados en el artículo de marras es que algunas aseguradoras han dejado de suscribir en determinadas jurisdicciones porque no pueden cobrar la tarifa necesaria en función de la judicialidad que presentan.
Las ART están tachando del mapa a las provincias que están en el ojo de la tormenta. En off the record, alguien ilustra que, por ejemplo, en Santa Fe habría que cobrar 10 veces más que en Entre Ríos para que tenga sentido. "Las autoridades provinciales deberían preocuparse porque se van a quedar sin cobertura de riesgos del trabajo", anticipa. En cambio, otras compañías han decidido, directamente, retirarse por completo del negocio.
Las aseguradoras internacionales hicieron las valijas y se fueron casi todas; sólo avanzan los operadores locales. Galeno, operador N°2 más importante con 16,9% de participación y $7.409.176.895 en primas, entró al negocio de Riesgos del Trabajo con la compra de Consolidar ART en octubre de 2011, en la antesala de la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo. Meses más tarde compró Mapfre ART.
El anuncio oficial en España de esta operación se dio el mismo día de octubre de 2012 en que salió la reforma. Todo muy prometedor. "Las expectativas eran que el problema de judicialidad se iba a morigerar, pero claramente no fue así. Hoy, el sistema de riesgos del trabajo está en terapia intensiva. A pesar de lo mucho que se mejoró en todos los indicadores, y también en materia de servicios y prestaciones, no paran de aumentar la frecuencia y la severidad de los juicios", lamenta García, aunque señala que, lejos de bajar los brazos, Galeno sigue batallando.
"Nuestra visión estratégica es de largo plazo. Nosotros nos quedamos. El sistema es cada vez es mejor -en sí mismo y en la percepción de los clientes- y apostamos a que con el tiempo la judicialidad se acomode", cuenta García. Unas 200 de 70.000 empresas aseguradas por Galeno ART concentran el 50% de los casi 58 mil juicios que pesan sobre esta compañía.
"Trabajamos mucho junto a ellas para ayudarlas. Durante 2015, los juicios a nivel mercado crecieron un 20%; en Galeno ART, sólo el 10%. Es igualmente terrible, pero es menos que la media, y tiene que ver con el trabajo y la inversión que venimos haciendo", explica el gerente comercial. El 45% de la siniestralidad de Galeno ART corresponde a juicios.
Pero como los juicios a los empleadores se redujeron sensiblemente desde la reforma de 2012 (hoy es del 3%, a lo sumo, del total), algunos empresarios se habían empezado a despreocupar del tema, pero volvieron a prestarle atención a partir de los aumentos en las alícuotas (para mantenerlos al tanto de la situación, las aseguradoras procuran notificarlos de cada nueva demanda).
TARIFAS INMÓVILES
Sin embargo, los operadores dicen que, más allá de algunos procesos de reconversión de cartera (para sacarse de encima las cuentas con muy mala siniestralidad a través de aumentos quirúrgicos) a nivel mercado las tarifas no se movieron el año pasado. "Hoy, la alícuota promedio está entre el 3,30% y 3,50% del salario.
No registra, en promedio, un aumento significativo", confirma Bettiol. ¿Cómo sobrevivió el mercado en este escenario letal un año más sin aumentar los precios? La respuesta que extrae la revista, en off the record, es que hubo dos situaciones únicas e irrepetibles que lo favorecieron.
En 1er. lugar, el nuevo colectivo que se sumó al sistema, el de empleados de casas particulares, trajo prima chica (que, dicha sea de paso, no se actualizó desde que salió), pero vino con una siniestralidad menor a la esperada, algo que sólo se da al principio de cualquier riesgo nuevo.
Ahí las ART se anotaron un poroto. El 2do. se lo agenciaron cuando, a fines de 2014, la SRT informó que debía empezar a utilizarse de manera ampliada la masa salarial que determina la base imponible para la aplicación de la alícuota (entendiéndose bajo este concepto a las sumas remunerativas y a las no remunerativas).
El problema ahora es que estos 2 vientos de cola ya soplaron y 2016 necesita algo nuevo. "En 2015 Galeno aumentó un 3% y este año intentaremos ir por un 10% más, siempre segmentando por meritocracia. A nivel mercado, la alícuota necesita un aumento del 15%", estima García.
Y agrega: "Si se lograra un pacto entre el Estado y el sector privado para reducir la judicialidad un 20%, las aseguradoras podríamos salir a bajar las alícuotas al menos un 10%". En Prevención ART, el aumento de tarifas también tiene relación directa con desvíos en los indicadores siniestrales: "El año pasado, muchas empresas no tuvieron incrementos; incluso algunas lograron reducir su alícuota en función a sus buenos resultados. Otras tuvieron incrementos en virtud de su mala performance técnica", explica Guillermo Davi, gerente general de Prevención ART.
Para Aulicino, los operadores están atrapados sin salida: "El que aumenta, pierde cartera y se queda con los juicios. Es un hecho. No va a haber cambios masivos en las tarifas porque nadie quiere perder producción y porque, además, la economía de las empresas tampoco está para soportar subas", advierte.
En materia de producción, este año no se espera sumar nuevas cápitas al sistema. El crecimiento vendrá por inflación."Con el mismo colectivo asegurado, a junio de 2016 esperamos crecer un 40% compuesto por paritarias e incremento de tarifas", estima García. Según los operadores consultados, la siniestralidad del ramo volverá a superar el 100%, el resultado técnico va a empeorar.
"Los balances al 30 de septiembre de 2015 reflejan que el mercado, por cada $100 de primas recaudadas, ha erogado $104 en prestaciones (incluyendo el costo de la judicialidad) y gastos de funcionamiento. Los resultados técnicos a junio de 2016 seguirán siendo negativos y será muy difícil revertir esta situación en el contexto actual de judicialidad e ingreso sostenido de nuevas demandas", lamenta el gerente general de Prevención ART, líder del negocio con el 18,05% de participación en el ramo y $7.881.709.012 en primas emitidas a junio de 2015.
"Este año va a ser muy parecido al anterior. Se va a crecer por inflación -nosotros tenemos previsto un 32%- pero el nivel de cápitas cubiertas puede caer un poco porque, por un lado, el Estado está despidiendo gente y, por otro, los privados no están contratando nuevos empleados", aporta Aulicino. "Esperamos cerrar con valores cercanos al 40%", se suma Davi.
RESPUESTA JUDICIAL
Todos coinciden en que la prioridad absoluta de las nuevas autoridades de la SRT debe ser dar respuesta a la gangrenosa litigiosidad. "Nadie quiere volver a 1995. Tenemos la esperanza de que con las nuevas autoridades venga una nueva mirada sobre esta problemática que ayude a resolverla. Las ART estamos dispuestas a seguir trabajando e invirtiendo, incluso a bajar las alícuotas, si se ataca efectivamente la industria del juicio",promete García.
El gerente general de Prevención ART no ve una solución única para resolver este problema: "El mercado necesita reglas claras para gestionar y administrar su cartera de siniestros. Esperamos que entre todos podamos construir un camino más previsible, confiable y seguro que nos permita a las empresas continuar brindando el mejor nivel de servicios a los trabajadores asegurados", apuesta Davi.
"Lo que uno espera es que el Poder Judicial recepte todo lo positivo y valioso que tiene este sistema y dé una respuesta para no dejarlo caer. Como UART, hemos solicitado una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ponerla en autos sobre el estado de situación actual del sistema que es de gravedad institucional. Tenemos expectativas de que 2016 sea el año en que la podamos concretar para volver a un escenario más predecible", augura Bettiol.
Remarca que se trata de una cobertura importante para los trabajadores y de certidumbre para las empresas."Confiamos en poder seguir trabajando muy de cerca con las nuevas autoridades de la SRT y en conjunto con todos los sectores involucrados", finaliza. "Durante este 1er. semestre no creo que pase nada porque hay otras prioridades para las nuevas autoridades en general. Pero hacia fin de año se podría empezar a pensar en llegar a un entendimiento. No me imagino al Poder Ejecutivo diciéndole al Judicial lo que tiene que hacer, pero sí sería bueno que interceda para lograr un acercamiento entre las partes. Hay que darles una buena señal a los inversores. Vamos a sobrevivir", se esperanza Aulicino.
DIÁLOGO ABIERTO Y TRANSPARENTE
En la reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo, Gustavo Morón, Superintendente de Riesgos del Trabajo, sostuvo que "una de las soluciones posibles para disminuir el nivel de litigiosidad laboral es el diálogo abierto y transparente entre los sectores involucrados (empresarios, trabajadores, ART y Justicia) para llegar a acuerdos que sean razonables para todos".
En esa oportunidad, el titular del organismo de control declaró su compromiso -y el del Gobierno en general- con la difusión de los riesgos laborales en la sociedad. "Trabajaremos para que todos, desde los chicos en el colegio hasta sus padres, conozcan cuáles son los riesgos de accidentes o enfermedades profesionales", aseguró.
Además, sostuvo que la SRT trabajará en el control de, por un lado, la calidad de las prestaciones que otorgan las ART y, por otro, los empleadores para que garanticen condiciones de trabajo seguras y saludables. Además, Morón tiene previsto avanzar en proyectos de capacitación y prevención de riesgos en sectores productivos con organizaciones sindicales, y en la federalización de la presencia del organismo abriendo una red de oficinas en el interior "con capacidad para solucionar los problemas de los actores del sistema a través de trámites rápidos, con garantías para el trabajador e integrando los servicios del mundo del trabajo en las provincias".
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