REVISIÓN DE LOS SALARIOSATE amenaza con un paro nacional por el DNU de Cristina
"No nos imaginábamos que el ajuste iba a empezar por el bolsillo de los trabajadores estatales", se quejó el secretario general de ATE Capital, José Luis Matassa, al cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia que somete a revisión los salarios de trabajadores de la administración pública.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, José Luis Matassa, aseguró este miércoles (04/01) que se está evaluando un paro nacional en rechazo al decreto que somete a revisión los salarios de trabajadores de la administración pública y que dispuso la eliminación del bono extraordinario de fin de año.
“Estamos evaluando un paro de ATE”, dijo Matassa, por “el decrecimiento que se pueda dar a partir de 2012. No nos imaginábamos que el ajuste iba a empezar por el bolsillo de los trabajadores estatales”.
En declaraciones a radio Continental, el gremialista sostuvo que “éste es un modelo viejo, ya lo vivimos nosotros: ante cualquier problema en la economía nacional, es el bolsillo de los trabajadores estatales la primera variable”.
A través de su Consejo Directivo Nacional, ATE planteó ayer su rechazo al decreto de Necesidad y Urgencia 324/2011, firmado por Cristina Fernández, que somete a revisión los salarios de los empleados de la Administración Pública Nacional, en todo aquello que denomina como pagos “extraordinarios”, o que no se adecuen a la normativa general.
También ayer la CGT se quejó por dicho DNU. "Otra vez la demonización de salarios! Esta película ya la vimos y sabemos como termina! Adonde vamos?" [Sic], alertó el secretario de Derechos Humanos de la central obrera, Julio Piumato (ver nota relacionada).
El artículo que mereció la réplica del sindicalista señala que, a partir del primero de enero de este año, los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán "adecuarse" a las pautas que determine el oficialismo "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance".
"Los titulares de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el presente artículo remitirán a la Secretaría de Hacienda las actuaciones administrativas necesarias para la convalidación de los regímenes y autorización de los respectivos pagos", puntualiza la norma.
El artículo añade que "los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto".
“Estamos evaluando un paro de ATE”, dijo Matassa, por “el decrecimiento que se pueda dar a partir de 2012. No nos imaginábamos que el ajuste iba a empezar por el bolsillo de los trabajadores estatales”.
En declaraciones a radio Continental, el gremialista sostuvo que “éste es un modelo viejo, ya lo vivimos nosotros: ante cualquier problema en la economía nacional, es el bolsillo de los trabajadores estatales la primera variable”.
A través de su Consejo Directivo Nacional, ATE planteó ayer su rechazo al decreto de Necesidad y Urgencia 324/2011, firmado por Cristina Fernández, que somete a revisión los salarios de los empleados de la Administración Pública Nacional, en todo aquello que denomina como pagos “extraordinarios”, o que no se adecuen a la normativa general.
También ayer la CGT se quejó por dicho DNU. "Otra vez la demonización de salarios! Esta película ya la vimos y sabemos como termina! Adonde vamos?" [Sic], alertó el secretario de Derechos Humanos de la central obrera, Julio Piumato (ver nota relacionada).
El artículo que mereció la réplica del sindicalista señala que, a partir del primero de enero de este año, los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán "adecuarse" a las pautas que determine el oficialismo "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance".
"Los titulares de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el presente artículo remitirán a la Secretaría de Hacienda las actuaciones administrativas necesarias para la convalidación de los regímenes y autorización de los respectivos pagos", puntualiza la norma.
El artículo añade que "los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto".
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