El juez Sebastián Casanello procesó a Julio De Vido y a José López, ambos detenidos, en la causa conocida como Skanska, por los delitos de administración fraudulenta y cohecho. En la causa, el juez investiga la hipótesis de que Skanska habrían pagado sobornos a los funcionarios públicos.
"Dádivas ilegítimas justificando dichas erogaciones mediante facturas apócrifas" que fueron compradas a la empresa Infinity Group SA, "con la finalidad de beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur".
El ex ministro de Planificación Federal sumó así un nuevo procesamiento. Se trata de la causa donde se investigó el pago de comisiones indebidas y sobreprecios en el marco de las contrataciones de la ampliación del gasoducto 2005.
La obra fue adjudicada a la firma Skansa y las acusaciones resueltas por el juez Casanello, recaen también sobre el ex secretario de Obras Pública, José López, también preso y procesado por enriquecimiento ilícito en el expediente que lleva el juez Daniel Rafecas.
Después de un informe de auditoría sobre Skanska el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, incluyó la hipótesis de soborno, según la cual empresa "le habría entregado dádivas ilegítimas a funcionarios públicos", justificando dichas erogaciones mediante facturas falsas "compradas a Infinity Group SA".
La finalidad de la maniobra, según el expediente, era "beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur".
Según el magistrado, las irregulares contrataciones y los "ilegítimos sobreprecios presuntamente acordados" constituirían la "contracara de sobornos que ingresaban al patrimonio de los funcionarios".
La Justicia determinó que hubo marcada evidencia sobre "operaciones de facturación apócrifa". Esta usina de facturación falsa era designada por el “cliente” y el representante de la empresa que documentaba la "provisión de servicios inexistentes, reportaba directamente a un funcionario público".
Así, entendiendo que los procesos de licitación advertían sobreprecios de obra que estaban "por encima de los valores de referencia", más las manifestaciones del apoderado de la empresa sobre la facturación falsa y el "marco reglamentario determinado para hacer posible las contrataciones cuestionadas, apuntan a las más altas esferas del ex Ministerio de Planificación".
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