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(U24) - Un organismo que responde a las órdenes de la procuradora Alejandra Gils Carbó fue apartado de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado en la misma semana en la que la jefa de los fiscales presentó su renuncia.
La fiscal Silvina Ávila, que interviene en la causa, prescindió de la colaboración de la Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), cuyo titular es Félix Crous, una figura vinculada al kirchnerismo.
Según trascendió, la fiscal resolvió en ese sentido luego de que el juez Gustavo Lleral retomara la conducción de la investigación que su antecesor, Guido Otranto, había delegado en Ávila.
De acuerdo a lanación.com, a pesar de que se conoció este jueves, la decisión de la fiscal se produjo a principios de esta semana. La renuncia de Gils Carbó se oficializó este lunes.
Según la agencia DyN, la decisión de la fiscal, que fue tácitamente avalada por el juez, generó malestar entre las querellas, que evaluaban una presentación para pedir la continuidad del organismo.
La PROCUVIN fue el organismo que aportó a la causa un documento que determinaba que la desaparición de Maldonado -que era lo que se investigaba en ese entonces- había sido perpetrada por efectivos de la Gendarmería Nacional.
Fuentes de esa procuración le dijeron entonces al portal Política Argentina que el escrito "parece ser de inteligencia y tiene detalles de como podría haber sido la desaparición". De todas formas, al mismo tiempo, relativizaron su verosimilitud.
De acuerdo al portal del diario Página12, fuentes vinculadas a la causa lamentaron la decisión de Ávila porque la PROCUVIN trabajaba con la hipótesis de que "aún no se puede descartar la responsabilidad de nadie”.
Durante su participación en la investigación, la PROCUVIN le recomendó diferentes medidas de prueba a la fiscal Ávila, como el registro de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que estuvo en el operativo que hizo la Gendarmería Nacional el 1 de agosto pasado en la ruta 40 y que terminó en en el predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en Cushamen.
La PROCUVIN, creada en 2013 a instancias de Gils Carbó atiende casos en los que se sospecha la "aplicación por parte de agentes estatales de torturas, la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder coercitivo estatal".
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