CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Cuando el juez Claudio Bonadio apeló a la Policía Metropolitana para hacer un allanamiento en Santa Cruz, en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, el kirchnerismo vinculó la decisión a una operación en consonancia con el macrismo.
Pero la medida tenía una explicación simple: la policía santacruceña está en manos del kirchnerismo al igual que la Gendarmería y la Policía Federal. Además, se trataba de un procedimiento usual.
El conflicto de intereses que planteó Bonadio se pudo comprobar inmediatamente cuando efectivos de la Gendarmería se apostaron en la casa de Cristina para impedir el ingreso porque pensaban que iba a ser allanada.
El juez relató otros detalles de ese 13 de julio. Hubo un llamado a Cristina Fernández, y los empleados le aclararon al magistrado: “Les vamos a entregar todo por disposición de la presidente".
Sin embargo, Bonadio asegura que ya se había llevado pruebas del lugar. Ahora, está apartado de la causa por decisión de la Cámara Federal porteña.
"Al ingreso de la fuerza policial (uno de los empleados de la inmobiliaria) pide hacer un llamado y el que concurre primero tratando de frenar el allanamiento de malas maneras y después, dice que se va a acceder entregar toda la documentación necesaria es un abogado que de memoria se llama Vázquez.
Y él es el que dice esa frase: «Les vamos a entregar todo por disposición de la presidente»", afirmó Bonadio.
Luego, en declaraciones a radio Mitre, Bonadio reveló otros detalles de los 15 operativos que realizó personal de su juzgado en Santa Cruz y reveló que en El Calafate, cuando estaba por concretarse un operativo en un hotel de la familia presidencial, personal de Gendarmería hizo "una valla humana" porque creían que se iba a allanar la vivienda de Cristina.
Sobre el material faltante, el juez ironizó: "No puedo afirmar qué se estaban llevando: puede ser una información relevante o el sándwich del almuerzo".
Bonadio explicó que suponiendo que esas pruebas eran documentación clave, "es relativa la existencia de delito", porque según agregó "si se llevan documentación que los incriminan estarían también dentro de las facultades constitucionales de no declarar contra sí mismos".
En tanto, al ser consultado sobre las demoras en la autorización del procedimiento, Bonadio recordó que desde su juzgado habían solicitado a la jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera, entre "15 o 18 allanamientos" en la provincia de Santa Cruz.
"Los exhortos antes de que ella resuelva (la jueza) deben tender la vista del agente fiscal y esperar que éste dictamine y luego, si ambos están de acuerdo, se procede a librar las órdenes de allanamiento.
No puedo decir que la doctora haya obstruido nada, porque tampoco el lapso fue demasiado grande", explicó.
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