lunes, 3 de agosto de 2015

"LO DE ANÍBAL CONFIRMA LO QUE DECÍAN FUENTES JUDICIALES"

POLÍTICA / DECLARACIONES 



La legisladora porteña Graciela Ocaña aseguró hoy que la acusación contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre su supuesta autoría intelectual en el triple crimen de General Rodríguez, "es una confirmación de lo que decían fuentes judiciales" del caso.



 "Es una confirmación de lo que decían muchos en voz baja, o fuentes judiciales, que colocaban a este personaje 'la morsa' como el que había dado protección a cambio de dinero a (Sebastián) Forza.

Ayer Martín Lanatta lo ubica en ese lugar a Aníbal Fernández, una cosa que fuentes judiciales, cuando se hizo el juicio en Mercedes, indicaban", señaló.

 En declaraciones radiales, la ex ministra de Salud durante el primer gobierno de Cristina Fernández afirmó también que el testimonio de Lanatta en un programa televisivo "se condice con distintos testimonios del juicio" que se llevó adelante en Mercedes.

 Ayer, en declaraciones al programa "Periodismo para Todos", Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, y José Luis Salerno, socio de una de las víctimas, vincularon a Aníbal Fernández con esos asesinatos ocurrido en 2008, y lo acusaron con quedarse con "el negocio del tráfico de efedrina".

 "Tiene mucha verosimilitud, pero también es cierto que Martín Lanatta nunca había dado este testimonio en el juicio oral y público que se llevó adelante en Mercedes", sostuvo hoy Ocaña.

 La legisladora, que estaba al frente de la cartera laboral cuando se clausuraron las droguerías vinculadas al tráfico de efedrina, recordó que tras la finalización del juicio por el triple crimen, el Tribunal ordenó abrir otra causa "porque dijo que nada de los hechos que allí se ventilaron podrían haberse llevado adelante sin la participación de altos funcionarios del Gobierno".

 Además, recordó que cuando ordenó las clausuras de las droguerías, recibió varias amenazas, y que el juez Julián Ercolini determinó que partieron de un celular que poseía uno de sus custodios de la Policía Federal, que estaba bajo la órbita del entonces ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que encabezaba Fernández.

 "Lo importante es que se les dé protección a las dos personas que ayer declararon", concluyó Ocaña.

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