(U24) - En estos días, 7,1 millones de jubilados, pensionados y retirados están cobrando los haberes con un 11,8% de incremento que elevan el mínimo que casi 7 de cada 10 perciben a $10.400. Les alcanzaría para cubrir, en promedio, una canasta de consumo más básica y aún le sobrarían $1.500.
Pero para un costo medio le estarían faltando $1.350 y acceder a la más completa le representarían $3.600 adicionales. De modo que, según las cuentas efectuadas por la Universidad Nacional de Avellaneda, unos 4,5 millones de adultos mayores, en caso de no disponer de ahorros, otros ingresos o ayuda familiar, deberían bajar un escalón más en su nivel de vida o acomodarse en el que apenas cubre los bienes y servicios más frugales, que la inflación específica para el sector situó 69,5% por arriba de 2018, que en caso del segmento medio subió 61% y en el superior, 58,5%.
Y no es nada fácil ajustar, debido a que, tomando la experiencia del año pasado, el grueso del gasto se lo comen los rubros que más aumentaron: alimentos y bebidas (58,3%), medicamentos (53,1%) y tarifas de servicios y vivienda (52,4%). Si se mide desde 2016 la canasta elaborada por la UNDAV, el incremento general acumuló 180%.
Comprende artículos para todos los rubros elementales de los gastos cotidianos de los adultos mayores (alimentos, bebidas, hogar e higiene, vivienda, vestimenta, recreación, atención médica y gastos relacionados con la salud, transporte público y otros servicios públicos).
E incorpora medicamentos; frutas y verduras; alquileres; gastos en luz, agua y electricidad; entre tantos otros artículos básicos e imprescindibles para los jubilados.
DE GUATEMALA A GUATEPEOR
La tónica en 2019 no varió y la pobreza avanza sobre la mayor parte del padrón de 7 millones de jubilados y pensionados que ahora cobran $10.400, del millón y medio de Pensiones No Contributivas y de Pensiones Universales para el Adulto Mayor que se lleva $7.287, para los 4 millones que reciben la Asignación Universal por Hijo que perciben $2.030 y los 5 millones a quienes corresponde liquidar asignaciones familiares.
De 44 millones de habitantes que tiene el país, suman unos 25 millones los beneficiarios de planes sociales y previsionales. Significa que un 57% de la población vive de migajas en comparación con la carestía de la vida.
Para colmo, a la vuelta de la esquina de la elección presidencial, les aguarda agazapada una reforma al régimen de la seguridad social, que a pesar de haberse recortado medio punto con el cambio de la movilidad (se trató de un perjuicio directamente causado a los jubilados al hacerles pagar por adelantado la inflación) representa un déficit de 2,4 puntos del PIB, que los financistas internacionales imponen que deberá ser eliminado para seguir prestando plata al país.
Como las cajas fueron vaciadas y malversadas por la dirigencia política y la ANSeS moviliza recursos para sostener al Estado y subsidiar proyectos privados, la factura de los platos rotos está yendo a parar al eslabón más débil de la cadena, a aquellos que llegar a fin de mes con lo que perciben les implica sufrir privaciones que en muchos casos, como el de la salud y la residencia, les resulta muy complejo afrontar si no reciben ayudas que sus descendientes no siempre están en condiciones de brindarles.
El pase de la actividad a la pasividad le cuesta a un trabajador que aportó obligatoriamente al sistema de seguridad social durante 30 años resignar un 39% del sueldo promedio que le pagaban antes de retirarse.
Y cuando se discute la legitimidad de los que pudieron jubilarse con la mínima gracias a las moratorias amplias que se abrieron, debe tenerse en cuenta que al menos un tercio del empleo es informal y no es culpa del trabajador haber aceptado esas condiciones.
Es cierto que hubo colados en el régimen, así como cualquiera puede ver la existencia de beneficiarios de privilegio o por discapacidades truchos, pero no son los que hacen a las generales de la ley que justifiquen tomar medidas en forma indiscriminada.
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