Foto: Claudia Mizawak dijo alguna vez: “Siempre habrá cabezas que quieren seguir en el pasado porque este sistema requiere mas compromiso laboral”. Bueno... el pez por la boca muere...
PARANÁ (U24 Entre Ríos). La declaración de inconstitucionalidad de tres artículos de la denominada Ley de Narcomenudeo por parte del juez federal, Leandro Ríos, desató una inusitada situación institucional entre la justicia federal y la provincial.
El magistrado Ríos decidió declarar inconstitucionales los art. 1º, 3º, y 4º de la Ley Provincial Nº 10.329, por considerar que los mismos “modifican la Ley Nacional Nº 26.052”, que tiene” mayor rango legal y violenta la forma federal de gobierno, los principios y reglas constitucionales y legales de supremacía del orden federal; de jerarquía de fuentes del derecho; de radicación; de tutela judicial efectiva, de debido proceso, de defensa en juicio y de juez natural”.
Desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en reiteradas ocasiones se ha criticado la posibilidad de dictar una ley que permitiera intervenir a la justicia ordinaria en la investigación y juzgamiento de los delitos vinculados a estupefacientes, incluso amenazando con declararla inconstitucional si se atrevía el Parlamento.
Sin embargo, ahora se rasgan las vestiduras ante la decisión del juez Ríos. El presidente del Colegio de Abogados de Paraná, Rubén Pagliotto, defendió la sentencia de Ríos y explicó: “Dicho fallo, dicho sin ambages, reafirma la independencia del Poder Judicial, pero a la vez trasunta un encomiable acto de realismo y responsabilidad republicana”
Según Pagliotto, el fallo “trasunta un encomiable acto de realismo y responsabilidad republicana”. Pagliotto agregó: “El fallo sienta un importantísimo antecedente de muy buena factura jurídica, repara el orden legal vulnerado, pone a salvo derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y exhibe una saludable salvaguarda de la independencia de poderes y distribución de competencias jurisdiccionales.
Pero tiene un plus que lo distingue y duplica su valor: es una severa sanción contra los apuros políticos y las necesidades de un gobernador que mira sólo el corto plazo y compra, sin beneficio de inventario, soluciones mágicas de los agoreros de la inseguridad y las prácticas de escaso volumen jurídico y casi inexistente coturno intelectual”.
Sin embargo el STJ de Entre Ríos, en lugar de analizar debidamente la situación, salió a defenderse corporativamente y a tratar de quedar bien con el gobernador, al que tantos favores le deben, y en una actitud sin precedentes decidieron devolver las actuaciones al Juzgado Federal, a la vez que el fiscal general Javier García señaló: “La ley está plenamente vigente y que los procedimientos van a seguir tal cual se habían comenzado a llevar adelante con la Policía investigando y se va a seguir remitiendo a los Juzgados federales, ya sea el de Concepción del Uruguay o de Paraná, aquel material secuestrado, las actuaciones y los aprehendidos en el caso que los hubiere para el juzgamiento tal cual lo dice la Ley”.
El jueves 27/11, el gobernador Sergio Urribarri realizó una conferencia de prensa, acompañado por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, y el procurador General del STJ, Jorge García, quienes concurrieron a darle respaldo institucional al Ejecutivo.
En esa ocasión ellos trataron, ante la confusión existente en ese momento, de aclarar las bondades de la ley.
El ex diputado provincial Osvaldo Fernández, quien en el año 2007 había impulsado un proyecto de ley en la misma dirección, explicó: “Los tres (Urribarri, Mizawak y García), tienen que hacerse cargo de las barbaridades cometidas, porque lo que el juez Ríos ha hecho fue lo correcto, más allá que a uno no le caiga bien esa decisión”.
Fernández aclaró además, en declaraciones a la web Análisis Digital: “Hay un contexto jurídico y un contexto político.
En primer lugar porque ya teníamos la ley de narcomenudeo en la provincia desde el 2007, en la que yo trabaje como legislador y simplemente se adhería a una ley nacional que permite que los delitos de narcotráfico de rango menor, puedan trasladarse hacia las provincias, dado que todos estos delitos son de competencia federal.
Con esa ley nacional se permitió que las provincias adhieran para los delitos menores de narcotráfico. Así se hizo y debió aplicarse de inmediato, pero hubo una decisión política del entonces gobernador, Jorge Busti, y el entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, que al ser alentado por la Justicia, se opusieron por decreto a esa ley, dando un plazo de 90 días para adecuar a la Justicia y a la Policía en los temas de delitos menores por droga.
Después no se hizo absolutamente nada, pasaron siete años y súbitamente luego de haberse revelado el episodio del narco-chofer del gobernador con 20 Kg de cocaína, vinculados directamente a los cárteles de Rosario, entonces aparece este súbito interés del gobierno provincial por el narcomenudeo; aparece en debate un texto para una nueva ley que reforma parcialmente esta ley del 2007, donde se dice que hacía un año que la tenían en estudio, pero de la noche a la mañana lo sacan de un cajón, la pusieron a debatir, lo sancionaron en el Senado, pasó a Diputados, algo se analiza y en definitiva sale esta ley 10.329 que es una mala ley.
La verdad es que el juez Ríos tiene razón, porque no se pueden desdoblar las jurisdicciones, no se puede dar a la provincia la investigación y el secuestro, y luego pasar todo al juzgamiento en la Justicia Federal.
Eso desnaturaliza el proceso del juez natural, la Constitución y el juez Federal, por eso la decisión del juez Ríos es correcta desde el punto de vista jurídico, pero fue un gran fracaso para el Gobierno provincial que en realidad ha hecho muy poco en cuanto al combate del narcotráfico en la provincia”.
En tanto, los narcos festejan en Entre Ríos. Y es probable que ese festejo se traslade a otros ámbitos institucionales.
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