miércoles, 23 de diciembre de 2015

CRESTA ROJA QUEBRADA PERO HABRÁ $ 6.000 + BOLSONES POR LAS FIESTAS

POLÍTICA 
JORGE TRIACA - FOTO: NA


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Según lo expresado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el Gobierno, además de los $ 4.000 que le dio, le entregará a los trabajadores de la empresa avícola $ 6.000 en enero y les hará llegar bolsones para las fiestas. 


También se comprometió a continuar buscando interesados en la empresa para que siga funcionando luego de la administración de Rasic Hermanos S.A.

 Se trata de una empresa avícola del grupo Rasic Hnos, que tiene plantas de procesamiento en Ezeiza y en Monte Grande con 1.800 empleados. También cuenta con granjas en las que trabajan 3.000 personas.

 "Nosotros vamos a acompañar en todo lo que dicte la jueza, el Gobierno no va a abandonar a los trabajadores", aseguró Triaca. "Nos hemos comprometido a darles $ 6000 por trabajador a partir de enero y se le acercarán bolsones para las fiestas. Estamos todas las áreas del Gobierno trabajando para que tengamos una solución de manera definitiva", agregó.

 Por su parte, Villalba sostuvo que lo acordado puede ser algo positivo para buscar un nuevo camino, aunque la decisión de terminar con los cortes no está tomada.

"Medianamente la respuesta es favorable, comenzamos un nuevo camino. Nosotros vamos a acercarnos hasta el corte que está en Ezeiza, vamos a comunicar la quiebra y decidiremos todo en la Asamblea", indicó.

 La jueza Valeria Pérez Casado se limitó a declarar la quiebra de la compañía sino que avanzó en varios pedidos al Gobierno: "La envergadura de la empresa, la dispersión física de sus activos, la necesidad de mantener vivas y alimentadas a las aves y la gran cantidad de trabajadores que empleaba Rasic Hermanos S.A., que se encuentra en un plan de lucha que ha recrudecido hace unos días debido a la falta de percepción de sus haberes, hace necesario y urgente disponer la intervención de autoridades estatales para colaborar con el Juzgado y la sindicatura en esa difícil tarea. Ello al margen del personal que la sindicatura estime necesario contratar o mantener", dice uno de los párrafos de la sentencia.

 El conflicto se hizo público en septiembre 2015, cuando los trabajadores denunciaron que al llegar a la planta en Ezeiza se encontraron con las puertas cerradas. En ese entonces, Rasic hacía 3 meses se había presentado en convocatoria de acreedores.

 Luego, la empresa y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) llegaron al acuerdo de reabrir en una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo provincial para resguardar "la fuente laboral de los 1.300 trabajadores afectados".

 En julio de este año, se reincorporaron 5.000 trabajadores tras otro conflicto por el cierre de las plantas de procesamiento en Ezeiza y Monte Grande. Los empleados llegaron a un acuerdo con la intervención de Daniel Scioli y el gremio difundió los puntos del acta firmada, donde la empresa se comprometió a pagar las 9hs de trabajo, la quincena y aguinaldo.

 De todas formas, los conflictos y cortes de calle continuaron en octubre ya que los empleados protestaron por "las promesas incumplidas" del gobierno bonerense.

 Después de varios reclamos y con Mauricio Macri en la presidencia, Gendarmería desalojó a los trabajadores de Cresta Roja del corte parcial en la Riccheri, en el acceso al aeropuerto de Ezeiza.

Un delegado dijo que hay "entre 10 y 12" heridos. Y aclaró que seguirán a un costado de la autopista, en el campamento que mantienen desde el miércoles pasado, en reclamo del pago de sueldos y un auxilio económico para la empresa.

 Valeria Pérez Casado, la jueza a cargo del concurso de acreedores, citó a los dueños de la empresa, Ivo y Milenko Rasic, a que presenten un plan de salvataje para retomar el funcionamiento y pagar los salarios. De lo contrario, advirtió, se habilitaría la intervención del Estado.

 Poco a poco, y sobre todo después de la llegada del nuevo Gobierno, el camino de la avícola Cresta Roja empezó a ubicarse en lo judicial. De acuerdo al decreto, la quiebra no se decreta en el concurso preventivo sino por un pasivo postconcursal.

Esto significa que no solo los problemas comprenden el pasivo del concurso sino que claramente la empresa no puede sostenerse y aquel proceso concursal no tiene sentido. El viernes 18/12, la gobernadora María Eugenia Vidal intimó, en una conferencia, que los dueños cumplan con el fallo judicial para buscar una salida. Mañana vence el plan para la presentación.

 La jueza Pérez Casado requiere lo siguiente:

 1. A los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires que dispongan el operativo necesario para la preservación de la paz social, para posibilitar el trabajo de los síndicos y otros auxiliares que puedan ser designados en el proceso, y para la custodia de los bienes de la hoy fallida en todos y cada uno de sus establecimientos.

 2. Al Ministerio de Trabajo de la Nación, que continúe interviniendo en el conflicto laboral y social desatado, facilitando las negociaciones con los eventuales interesados en la adquisición de la empresa como unidad, o de sus activos, manteniendo la regularidad de los REPRO o cualquier otro subsidio tendiente a brindar sostén económico alimentario a los trabajadores de la fallida y haciendo de nexo para posibilitar la ayuda estatal desde otras áreas.

 3. Se solicitó al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos que designe a un representante con conocimientos técnicos suficientes para asistir a la sindicatura en la tarea de nutrición y cuidado de las aves y la protección de la matriz genética, y demás medidas que deban adoptarse durante este período para la preservación de los activos de la empresa.

 4. A su vez, se dio intervención al Ministerio de la Producción de la Nación, para que colabore con el Juzgado en la búsqueda de potenciales interesados en la adquisición de la empresa o de sus activos.

 5. Convocar a todas las partes, incluidos un representante de cada ministerio, para una audiencia que se celebrará mañana a las 12.30 en el juzgado.

 6. Finalmente, intimó a Jefatura de Gabinete de la Nación y a la Gobernación de la Provincia de Buenos -a través de la Fiscalía de Estado presentada en el concurso preventivo y con domicilio constituido- a fin de que, dentro del plazo de tres días, cumplan con el acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2015 y que integren el saldo de $ 100 millones que aún no ha sido aportado.

 Las opciones que tuvo la jueza comercial Valeria Pérez Casado en estos días fueron 3:

> que los dueños regularicen los pagos y presentaran un plan para conformar los acreedores. Luego, aprobación de por medio, que, una vez aprobado, se cumpla mientras la empresa funciona normalmente;

> que aparezca alguien con ganas de quedarse con las acciones; y

> la tercera, es la quiebra.

No hubo compradores para la empresa. Antes de que se decrete la quiebra, en la mayoría de los casos, los trabajadores tomaban las plantas, constituían una cooperativa de trabajo y frenaban los procedimientos judiciales. Luego venía un sistema de subsidios, pedidos a los proveedores de servicios para que no cobren las facturas y una situación de hecho que en varias oportunidades se prorrogó por años.

 "Esperamos poder llevarle a todos nuestros compañeros paz, esperamos una solución", dijo Christian Villalba, delegado de Cresta Roja, al entrar a la reunión con funcionarios en el Ministerio de Trabajo.

Luego de que la jueza Valeria Pérez Casado decretó la quiebra de Cresta Roja, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, y el delegado de la empresa avícola Cristian Villalba, se reunieron en el ministerio para negociar los pasos a seguir y buscar una solución al problema que generó el corte de la autopista Ricchieri los últimos días.

 "Ahora cuando lleguemos se lo comunicaremos a los compañeros, estamos predispuestos y apelamos a que la ayuda del Gobierno sea como nos dijeron. Ellos se comprometieron a buscar un nuevo comprador y que la empresa siga", agregó Villalba.

 La jueza le pidió al Ministerio de la Producción de la Nación que colabore con el Juzgado en la búsqueda de potenciales interesados en la adquisición de la empresa o de sus activos.

 Triaca confirmó que esa la idea del Gobierno, aunque todavía no definieron quienes serán. "Todavía no hay ofertas concretas, se acercaron con ofertas pero eso se maneja a través del juzgado, que toma las determinaciones a partir de ahora", concluyó.

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