POR CARLOS DEL FRADE
(APe) -Ahora yo tengo todas las cartas en las manos – le dijo el flamante jefe de La Santafesina SA, Hugo Tognoli, a Norma Castaño, en los pasillos del Ministerio de Gobierno de la ciudad capital del segundo estado argentino.
La señora, mamá de Gabriel, adicto desde hacía años, lo había denunciado por suministrar información a los narcos de su barrio y cajonear distintas averiguaciones que lograron junto a las demás mujeres con las que conformaron “Madres Solidarias”. Para ella fue una amenaza.
Sintió que le decía que ahora él tenía el poder real y que podía hacerle cualquier cosa. A ella o a su hijo.
Tognoli asumió como titular de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Santa Fe en el año 2008, durante la administración de Hermes Binner. Dos años después su nombre ya figuraba entre los policías vinculados al narcotráfico, aquellos que protegían a los que convertían a pibes como Gabriel en consumidores consumidos.
-¿Cuánto querés para retirar la denuncia contra Tognoli? – fue la pregunta directa de un dealer.
“Nosotras le llevábamos denuncias de los vendedores barriales”, pero Tognoli en vez de detenerlos “les cobraba una cuota y después éramos amenazadas por los narcos porque los habíamos denunciado”, afirmó la santafesina.
-Necesito drogarme, mamá. Pero no voy a robar…-le decía Gabriel a Norma Castaño mientras lloraba abrazado a ella.
Lejos del lugar, Tognoli se convertía en jefe de La Santafesina SA, la expresión individual de una trama que tiene, por un lado, un fenomenal crecimiento económico y, por otro, la cuenta negra, la sangre joven derramada en los barrios de las principales calles de las ciudades santafesinas.
Años después, en julio de 2015, Norma Castaño volvió a denunciar la prepotencia, provocación e impunidad del narcotráfico en Santa Fe capital.
-Un particular nos había donado una casa para habilitar un centro de rehabilitación…a los pocos días y con información que debió salir de la municipalidad, el lugar fue usurpado por vendedores de drogas…parece mentira pero es la verdad, la forma impune con que se maneja el nacotráfico en esta ciudad – le dijo Norma a esta agencia.
La otra mujer es Adriana Abaca, mamá de diez hijos y ex empleada policial. En 2012 denunció la presencia narco en una zona del oeste rosarino, Cametsa, cerca del tradicional barrio Godoy.
Le balearon la casa en dos oportunidades y las amenazas contra su vida y la de sus hijos continúan hasta el presente. En esta semana de julio de 2015 le retiraron la custodia que tenía de parte de Gendarmería Nacional.
Por eso montó un acampe frente a los tribunales federales de Rosario para pedir explicaciones porque está convencida que en cualquier momento la van a matar.
-La Gendarmería me dijo que está todo tranquilo en el barrio pero eso es mentira. Evidentemente no quieren ver la realidad. Los delivery de droga funcionan todo el día y nunca se fueron. Por eso siguen las amenazas. De allí que ahora quiero saber de boca de los funcionarios de la justicia federal rosarina por qué me sacaron esa custodia. En cualquier momento siento que me van a matar – dice Adriana en diálogo con este cronista.
El año pasado, Adriana confesó tener miedo, al mismo tiempo que no se arrepentía de haber denuncio a la banda que opera en su barrio. Que ese grupo estaba en conexión con la principal organización narco de la ex ciudad obrera, Los Monos y que, además, cuenta con la complicidad de sectores corruptos de la policía provincial.
Estas dos mujeres, Norma Castaño y Adriana Abaca, parecen ser la síntesis de la desigual lucha que tienen las madres en cualquier lugar, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en la Argentina, contra el negocio paraestatal del narcotráfico.
Fuentes: entrevistas realizadas por el autor de esta nota con Norma Castaño y Adriana Abaca, julio de 2014 y otras consignadas en el libro “Ciudad blanca, crónica negra”.
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