CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La corrupción en la era K ha sido uno de los principales factores de la caída del Frente para la Victoria en las urnas. Quizás no haya tenido tanto peso como el tema económico, pero la oposición, y ahora Mauricio Macri, mantuvieron el tema como uno de los ejes de la campaña electoral a raíz de la demanda de la sociedad.
Por eso, ayer el líder de Cambiemos tuvo que ser claro al respecto en caso de llegar a la Presidencia: “Si un funcionario de mi equipo es denunciado, seré el primero en llevar los papeles al juez para que, si es necesario lo metan preso", aseguró. Durante una recorrida por la provincia de Santa Fe, Macri remarcó que "ahora tenemos que salir a la cancha para que gane Cambiemos y devolver a todos la paz, la libertad, la honestidad y la justicia".
Y enfatizó: "Basta de impunidad en la Argentina, el que las hace las tiene que pagar", expresó el referente del PRO. Uno de los temas quizás emblemáticos en cuanto a corrupción sería, según el periodista Roberto García (en La Mirada, anoche 9/11 por Canal 26) las importaciones de gas donde está metida Enarsa, un abogado que fue ministro de Carlos Menem, un banco de inversiones extranjero, funcionarios clave del kirchnerismo, etc.
Esa causa se inició por un informe realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y luego una denuncia en octubre del año pasado por parte de legisladores nacionales que integran el PRO. Le investigación aún está en manos del juez Claudio Bonadio, a quien le sacaron el expediente Hotesur tras una movida kirchnerista.
Bonadio avanza en la causa por “sobreprecios” y “sobornos” en la importación de gas, con el foco puesto en Enarsa, YPF, el ministro de Planificación Julio De Vido y su ex asesor, Roberto Dromi.
El ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem, fue parte de la semi-estatización de YPF en 2012. Un día después del apartamiento de Bonadio de la causa Hotesur, el juez federal ordenó una serie de allanamientos en el Ministerio de Planificación, Enarsa e YPF, en busca de documentación que le permitiera demostrar si el gobierno ideó una maniobra para pagar sobreprecios -con “excesos” de hasta el 200%- en la importación de gas utilizando intermediarias entre las exportadoras y Enarsa.
Y la mira la dirigió hacia Diligentia, del ex ministro menemista y ex asesor de De Vido, justamente, por ser, al mismo tiempo, consejero del gobierno y de los proveedores del Estado. En octubre de 2014 Dromi originó la causa cuando se autoincriminó en una entrevista periodística en la que aseguró que YPF, a cargo de Enarsa, realizó compras de gas licuado desde 2012 con contratos que “no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige”.
Tras los dichos, los diputados PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, interpusieron una denuncia contra Enarsa. En un reportaje que publicó ayer el diario La Nación, Dromi dijo que no estaban claras las condiciones de los contratos firmados por YPF para la adquisición del combustible.
“Nadie sabe cuántos barcos entran ni cuánto se paga por ellos”, acusó el ex funcionario encargado de privatizar las empresas estatales en los 90. Según Dromi, “el modo en que la Argentina está comprando gas no se ajusta a derecho”, denunció.
“Los trae YPF, paga Enarsa, pero contrata YPF. Ese contrato se ha hecho en inglés, con cláusulas secretas, con claves blindadas y nadie conoce el pliego, ni el precio, ni nada. No se sabe”, dijo el ex ministro.
Los legisladores de Macri pidieron que se investigue si en las compras de gas importado existió un “delito”. Los diputados del PRO quieren determinar si “los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operaciones”.
Quieren ver los contratos de compras de gas desde 2012, año en que YPF se hizo cargo de esa tarea por “mandato” de Enarsa.
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