EL BONAERENSE / SOCIEDAD
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - En el marco de los traspasos de poder que se están produciendo en los diferentes distritos del conurbano, algunos resultan ser más "prolijos" que otros, mientras que en casos puntuales la situación se plantea conflictiva.
Es el caso de Merlo, donde desde días antes de las elecciones consta una denuncian en la justicia que relata una toma masiva de terrenos en un predio de 60 hectáreas.
Las tomas se dieron antes de la generales y continuaron en estos últimos días.
Se trata de 60 hectáreas tomadas del Barrio Nuevo, sobre la ruta 1.003 que están tomadas por aproximadamente 3.000 familias.
En dicho predio, hay viviendas del Programa Federal que se encuentran inconclusas pero cobradas por la gestión de Raúl Othacehé y la subsecretaria de Tierra y Vivienda del municipio, Mónica Lara.
En la denuncia fue presentada en la UFI Nº 2 de Morón, se sostiene que "el real motivo de la toma, ha sido cubrir un desfalco millonario en contra del erario nacional y de los vecinos merlenses que con mucha ilusión esperaban recibir una vivienda, según estos empleados municipales funcionarios de ese municipio sobre certificaban los avances de la obra, ante la inminencia del nuevo gobierno, no tuvieron mejor idea que organizar una usurpación generalizada".
Sobre este caso, también pesa una denuncia penal de privados que tienen tierras en esos predios.
El 21 de octubre pasado Gustavo Menéndez, intendente electo de ese distrito por el FPV, concurrió a la Fiscalía General de Morón para denunciar el hecho.
El texto de la presentación relata que “fueron usurpadas por desconocidos 340 viviendas ubicadas en Barrio Nuevo, localidad de Libertad, pertenecientes a un plan habitacional nacional, estando a cargo de la municipalidad de Merlo, el control de la obra y la certificación”
También afirma que la toma tiene por objeto “crear un caos social tres días antes de las elecciones, y un segundo y mucho más oscuro objeto, según empleados municipales de la Secretaría de Obras Públicas, cuya identidad se preserva por miedo a represalias”.
Estas fuentes, afirma, la denuncia, “aseguran que el real motivo de la toma, a sido (SIC) cubrir un desfalco millonario en contra del erario nacional y de los vecinos merlenses”.
Según consta, esos empleados “funcionarios de ese municipio sobre certificaban los avances de la obra” y, “ante la inminencia del nuevo gobierno, no tuvieron mejor idea que organizar la usurpación generalizada, con quema o destrucción de muchas unidades funcionales, a fin de que se destruyera prueba irrefutable de un grave delito”.
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