PARANÁ. Luego de los allanamientos realizados hace dos semanas, el fiscal Juan Francisco Malvasio imputó formalmente a Alicia Benítez de Feltes y a Miguel Ángel Marizza, en el marco de la causa donde se investigan irregularidades en las contrataciones para la Cumbre del Mercosur. Ambos deberán designar abogados defensores.
El delito que se les imputa, por ahora, es el de fraude contra la administración pública, por los sobreprecios en las contrataciones para la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur.
La versión fue confirmada este lunes 31/10 por la web especializada Página Judicial. Benítez de Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), fue designada hace poco más de dos meses por el gobernador Gustavo Bordet y reemplazó en el cargo al ex director y gremialista Juan Carlos Lallana, luego de varias denuncias por corrupción en su contra.
Precisamente la designación de Feltes tenía como principal premisa la de darle una nueva imagen en ese sentido a la repartición pública. Incluso cuando se conoció que ella estaba siendo investigada en la causa de la Cumbre del Mercosur, Bordet salió a respaldarla.
LOS HECHOS
El 29 de octubre de 2014, el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó el Decreto Número 3.974, mediante el cual puso en vigencia un convenio de colaboración entre la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), creada para canalizar las obras y la provisión de bienes y servicios para el encuentro de presidentes y la Cámara de la Construcción.
Alicia Benítez de Feltes, entonces al frente de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia, fue designada coordinadora general de la UOCM. Para que la cumbre pudiera desarrollarse en Paraná fueron necesarias una serie de obras de infraestructura que demandaron una inversión que inicialmente se anunció como de $40,7 millones, aunque luego se duplicó, de acuerdo con la rendición de cuentas que hizo el Gobierno a la Legislatura.
Todo eso se encontraba bajo el control de Feltes. Del mismo modo, el fiscal Malvasio instó a las empresas Caballi SA (Marizza), Szczech & Szczech SA, Luis Losi SA, Cemyc SRL y OICSA, para que propongan abogados y peritos a fin de controlar los elementos de prueba secuestrados en los allanamientos, consistente en documentos e información sobre los trabajos y servicios que proveyeron al Estado para el encuentro de presidentes del Mercosur, que se celebró en Paraná en diciembre de 2014.
ALLANAMIENTOS
“Me llevaron los dos teléfonos. Lloré desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A mí que me pidan todo porque como funcionaria una debe estar para todo pero fue una situación horrible, de parte del juez, no de los policías, porque uno de ellos terminó diciéndome que si quería hacer una llamada la hiciera porque era la sensación de estar presa en mi oficina”, relató Feltes al referirse al allanamiento que se realizó en su despacho de Vialidad.
En ese momento la funcionaria dijo que se comunicó con el gobernador para poner la renuncia a su disposición pero este no se la aceptó. Pocos días después la respaldó públicamente. La funcionaria agregó en esa oportunidad: “Tengo dos hijos que viven en el exterior, imagine la situación para ellos al escuchar que estaban allanando la oficina de la madre. Le pedí al juez que vaya a mi casa, que tengo una sola casa con humedades. Les dije que fueran a la oficina de Obras Públicas, nunca borré nada, ni oculté nada, uno en la función pública y más en obras públicas sabe que tiene que estar a disposición de los organismos de contralor. Mi función anterior era como secretaria de obras públicas, todo lo mío quedó ahí, uno tiene que dejar la documentación, yo no tengo computadoras personales, no tengo notebook”.
De acuerdo a lo sucedido ahora, indudablemente el fiscal no le creyó. Las pruebas con las que contaría la justicia serían muy comprometedoras y abarcarían a otros funcionarios del ex gobernador Urribarri.
El caso de Feltes es una prueba evidente acerca de los compromisos que el actual gobernador tiene con su antecesor. También se comentó que la imputación a Feltes puede estar teñida de política interna, ya que muchos creen ver en ello la mano de alguien muy preocupado por la detención hace dos semanas del ex director de Obras Sanitarias de la provincia, Hugo Righelatto, un hombre del riñón del vice gobernador Adán Bahl.
“EL BÁEZ ENTRERRIANO”
Otro de los imputados en esta causa es el conocido empresario de la construcción y la noche entrerriana, Miguel Marizza, que en esa oportunidad fue nombrado en la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), en representación del sector privado, por la Cámara de la Construcción de Entre Ríos.
La empresa Caballi SA, de Marizza, ejecutó la mayoría de las obras necesarias para la Cumbre del Mercosur, 12 en total, por contratación directa, y el Estado entrerriano acordó pagarle $ 11.722.585.
Es decir que Marizza estuvo de los dos lados del mostrador, sin que Feltes pareciera haberse dado cuenta de ese “detalle”.
Miguel Marizza es un empresario que se hizo millonario durante el menemismo, pero que se adaptó muy bien a las “necesidades” del kirchnerismo, ya que la mayoría de los funcionarios y dirigentes políticos del peronismo entrerriano de aquella época, eran prácticamente los mismos del proceso kirchnerista.
Durante la gestión del ex gobernador Urribarri, Marizza fue beneficiado con obras públicas de una forma tan exorbitante que muchos lo llaman “el Báez entrerriano”. Cuentan los que saben, que el ahora millonario empresario de la construcción y de la noche, que mucho tuvo que ver con su crecimiento patrimonial una empresa cuyo nombre derivaba de un caballo de carrera llamado “Batuke”; pero es una historia muy larga para esta ocasión.
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