INFORME ESPECIAL

La Ley de Educación Superior y un cambio urgente

La ley que rige la educación universitaria data del año 1995, quedando ya atrasada en muchos de sus puntos y necesitando la educación superior una norma que adapte en su interior los cambios producidos en el país. Los puntos centrales en la discusión por una nueva ley y los pedidos de la comunidad universitaria a la clase dirigente

En un simple recorrido que se hace por las distintas universidades nacionales que cubren el territorio argentino, puede verse que uno de los principales reclamos que salen de las autoridades, de los docentes, de los no docentes y de los estudiantes, es un cambio estructural de la Ley de Educación Superior, dictada bajo la era menemista, y que preveía dentro de la misma los objetivos centrales del neoliberalismo en la educación.

Los dirigentes en nuestro país siempre hablan y dicen que es hora de que se vuelva a poner a la Educación en el tapete de la discusión global, pero lamentablemente vemos que esto no pasa, sino que por el contrario no se discuten programas y una forma de mejorar la misma, y que lo cotidiano es ver una total falta de respuestas de la clase política a un problema que viene de arrastre.

 

En los ámbitos educativos, hace tiempo que se ha comenzado a discutir la necesidad de un cambio en la educación universitaria, comenzando el mismo por una nueva Ley de Educación Superior, que cubra todos los baches que dejó la normativa dictada en 1995 en el gobierno de Carlos Menem, en medio de masivas marchas en contra que llevó adelante la comunidad educativa acompañada por los alumnos y padres.

 

Desde el Ejecutivo nacional, se ha venido dando muestras de interés en cambiar esta situación, aunque por el momento no se ha implementado ningún plan ni ningún debate al seno de la comunidad universitaria para debatir los puntos centrales que debería tener una nueva ley que regule la política en la educación superior.

 

Es necesario que desde el Estado se planteen políticas acordes a lo que necesita la ecuación hoy en día, y la Universidad vuelva a tener el papel preponderante que se merece en cualquier sociedad que se dicte civilizada. Se deben brindar las armas para que se pueda aprender con igualdad de oportunidades, y eso sólo se hace con decisión política y encarando políticas activas que tiendan ala inclusión y que permita el acceso y permanencia de los estudiantes.

 

Si la Educación pasa a un segundo plano, la inseguridad y los riesgos que se corren diariamente en cualquier esquina del país, continuarán agravándose y se verá un problema sin final, y cuya solución puede parecer muy lejana. El Estado debe ser capaz de generar educación y proyectos a futuro para nuestros jóvenes, para que el delito no sea una salida a su situación personal muchas veces denigrantes, con familias enteras sumergidas en lo más profundo de la pobreza sin visos de de tener un porvenir mejor que lo que viven en la actualidad.

 

Los objetivos a los que el gobierno nacional debería apuntar para una excelencia educativa, son sencillos, primero, recuperar la concepción humanista de la educación y darle un mayor desarrollo; segundo,  incorporar como valor fundamental el respeto a la diversidad; y tercero, evitar profundizar la fragmentación social que se da a través de la aplicación de modelos que dicen ser inclusivos, pero que sólo responden a intereses mezquinos y ajenos al ideario popular.

 

La ley menemista profundizó el sistema de deterioro de las condiciones laborales docentes que venía de la dictadura, y degradó hasta lo inimaginable las condiciones materiales de estudio, así como la orientación de los planes de estudios a las demandas del mercado, cumpliendo con una de las exigencias centrales que eran bajados desde los organismos internacionales de crédito, que de educación saben lo mismo que una vaca de física cuántica.

 

Muchas de las transformaciones planificadas por los grupos político-técnicos a cargo del diseño de estas reformas tendían al arancelamiento de universidad pública, libre, laica y gratuita, y que debido a la gran contra que tuvo la misma en el seno de toda la sociedad, todavía no ha podido llevarse adelante, a pesar de los pedidos de los grupos concentrados de la economía nacional e internacional.

 

Los artículos más cuestionados a la vieja ley menemista son el 29, que deja librada a cada universidad la atribución de reglamentar la admisión, permanencia, promoción de los estudiantes y régimen de equivalencias, dando pié a que cada universidad estipule las restricciones que prefiera al ingreso de estudiantes. Otro de los artículos que están bajo la mira de la comunidad universitaria, es el 58, que habla de la generación de recursos, dejando las puertas abiertas al arancelamiento y a la total instalación de un modelo de universidad-empresa que buscaba el neoliberalismo.

 

Uno de los triunfos del neoliberalismo en materia de educación superior, han sido sin dudas el de terminar con el ingreso irrestricto y con la autonomía de las universidades nacionales, así como también el modificar la mayoría de los planes de estudio de las carreras, adaptándolos a las exigencias del mercado.

 

Un modelo de educación que sirva a toda la sociedad, debe construirse a través de su carácter de generadora, difusora y aplicadora de conocimientos capaces de contribuir al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad, terminando con la lógica mercantilista neoliberal.

 

Se debe garantizar la gratuidad en todos los ámbitos de la educación superior, terminando con los posgrados pagos y a altos precios, al mismo tiempo que deben fijarse políticas claras donde quede prohibido fijar cualquier tipo de restricciones al ingreso, transcurso y egreso de la misma

 

Todos estos puntos enumerados anteriormente hablan de la necesidad de instalar ya mismo el debate en la sociedad educativa y política de un cambio urgente de la Ley de Educación Superior dictado bajo el menemismo, y el mismo ya se hace impostergable para pensar en una Argentina grande de cara al corto y mediano plazo.

 

Desde el Estado nacional debe darse el debate de saber ¿qué país queremos para nuestro y para el futuro?, y a partir de allí, generar el Plan Estratégico que dé respuesta a la inequidad, a la exclusión, inclusión y justicia social, que tanto se pregona desde los atriles y actos públicos, pero pocas veces llevadas a la realidad, para que a partir de allí con su profundización sean las instituciones educativas.

 

Un país sin educación, es un país fácil de dominar y de someter, por lo que es una tarea pendiente por parte del Estado (y lo ha sido desde el regreso de la democracia allá por 1983), brindar todas las armas del conocimiento necesarias a la población, para que de esa manera el individuo se pueda desarrollar y crecer en la vida.