viernes, 5 de junio de 2015

CARRIÓ DENUNCIA QUE LOS K QUIEREN LA "MUERTE POR HUMILLACIÓN" DE FAYT

AGENCIA / POLÍTICA 


 CIUDAD DE BUEOS AIRES (Urgente24). La diputada Elisa Carrio envió este jueves (por ayer) un escrito a la Corte Suprema de Justicia para que tome alguna medida en defensa de uno sus ministros: Carlos Fayt.



La líder de la Coalición Cívica les solicitó a los restantes miembros del máximo tribunal que "evalúen el dictado de una acordada a fin de no convalidar por omisión, la consumación de la estrategia del Poder Ejecutivo para tomar el control del Poder Judicial".

La movida de Carrió apunta a frustrar los intentos del oficialismo por correr a Fayt, de 97 años. Para ello, el FpV activó la Comisión de Juicio Político en Diputados.

Para Carrió el oficialismo no sólo busca desplazar al magistrado sino además la "muerte por humillación de un hombre justo".

Carrió se refirió a los diputados que designó el kirchnerismo para investigar a Fayt: "Hago saber que en violación a los reglamentos vigentes, los diputados del bloque oficialista han designado una subcomisión a efectos de evaluar su capacidad psicofísica actual".

Y embistió contra miembros de la Casa Rosada: "Diversos funcionarios del Gobierno, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández e, inclusive, la Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, se han expresado públicamente respecto a que Fayt, no se encontraría en condiciones psicofísicas en virtud, principalmente, de su avanzada edad de 97 años".

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio esta semana un paso más en la ofensiva sobre el juez Fayt. Pese al rechazo de la oposición, el kirchnerismo avanzó en la conformación de una subcomisión que llevará adelante el proceso para determinar el estado de salud mental del magistrado, de 97 años.

El cuerpo está integrado por la presidente de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, y por tres diputados del Frente para la Victoria: Diana Conti, Luis Cigogna y Marcos Cleri.

Los dos lugares previstos para la oposición quedaron vacantes.

La UCR, Pro y la Coalición Cívica volvieron a denunciar que se trata de una investigación ilegal y se negaron a nombrar representantes.

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