El domingo 05/02 se cumplen 3 años del trágico incendio en un depósito de Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas, y que se determinó fue intencional.
En ese sentido, la fiscal Monteleone le solicitó al responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, la indagatoria de 32 personas involucradas en el incendio.
"En la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes", escribió la fiscal en su resolución dada a conocer.
Por lo tanto, Monteleone requirió indagar al encargado de Seguridad e Higiene de Iron Mountain, Héctor Eduardo García; de Guillermo Eduardo Lockhart, en su calidad de gerente general de la firma; y de los directivos Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo.
Otro de los citados es el apoderado Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, quien según la investigación "habría sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA), para conseguir la habilitación del depósito, a pesar de sus defectuosas condiciones de seguridad contra incendios".
También pidió que sea citado a indagatoria el empleado de seguridad del depósito, Oscar Godoy; del ingeniero Christian W. Castiñeiras, en su calidad de Director Técnico de la empresa "Climate, Controls & Security S.A." (ex Kidde Argentina S.A.); y de los técnicos Luis Fontanello y Martín Arriguez, quienes realizaban los controles periódicos del referido sistema y no asentaron las evidentes irregularidades.
La fiscal además solicitó que se indague a Matías Nicolás Griffo, inspector de la División Prevención, y Raúl Arbor, Comisario Inspector que se desempeñaba como Jefe del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal.
Ambos están sospechados de haber incurrido en un acto de corrupción para obviar los pasos pertinentes de la habilitación.
Con respecto a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, la fiscal pidió citar a los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP), Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi.
Las indagatorias también alcanzaron a los funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno porteño, Norberto Leandro Hirsfeld; Jorge Barbieri; Félix Raimundo Lugo; Jorge Papanicolau; Ricardo Grunfeld; y Alberto Graziani.
La tragedia ocurrió la mañana del 05/02/2014, cuando ni bien empezaron las tareas de combate de las llamas se derrumbó una de las paredes del predio, por lo que murieron en el acto seis bomberos de la Policía Federal, un voluntario del Cuartel de Vuelta de Rocha y dos rescatistas de Defensa Civil porteño. Días más tarde, un segundo bombero voluntario del mismo cuartel, falleció a causa de las heridas recibidas.
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