(U24) - Desde hace muchos años en los países desarrollados el aborto tiene el tratamiento legal que ahora se propone en Argentina. Es decir, es la mujer la que decide continuar o no con el embarazo. En cambio, en los países en vías de desarrollo prevalecen normas más restrictivas, como las que actualmente rigen en la Argentina. Estas divergencias permiten evaluar de manera objetiva las consecuencias de adoptar diferentes estrategias.
Así lo manifiesta un informe de Idesa, en el que exponen que la legalización reduce los abortos: “Un estudio publicado en el 2016 en la prestigiosa revista The Lancet y financiado por los gobiernos del Reino Unido, Holanda, Noruega, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud destaca que entre los años 1990 y 2014 se observa que la tasa de abortos en el mundo bajo”, explica el informe.
•La tasa de abortos en el mundo bajó de 40 a 35 por cada 1.000 mujeres con edades entre 15 y 44 años.
• En los países desarrollados esta tasa bajó de 46 a 27 por cada 1.000 mujeres.
• En los países en vías de desarrollo pasó de 39 a 37 por cada 1.000 mujeres.
Y agrega: Estos datos muestran que en el último cuarto de siglo la tasa de abortos tuvo una importante disminución en los países desarrollados donde se respeta la decisión de la mujer en relación a continuar o interrumpir el embarazo.
En cambio, en los países en vías de desarrollo donde el aborto tiende a estar legalmente penalizado, la tasa se mantuvo prácticamente constante.
“Estas evidencias científicas sugieren que la legalización del aborto no induce a prácticas sexuales más irresponsables sino que, por el contrario, genera las condiciones para una menor proporción de embarazos no deseados”, describe el informe.
Otra evidencia muy importante que arroja este estudio es que entre los años 2010 y 2014, el 73% de las mujeres que abortaron fueron mujeres casadas o en unión conyugal mientras que sólo el 27% fueron mujeres que no vivían en pareja.
“Esto refuerza la noción de que la legalización del aborto no promueve el libertinaje sino que opera como último recurso en la planificación familiar”, aseguran.
Planteado de esta manera, la legalización de la interrupción del embarazo permite que la planificación familiar sea hecha con métodos legales y médicamente seguros.
“El aborto es una experiencia muy traumática que difícilmente alguna mujer la considere trivial ni mucho menos que la disfrute. Pero ser obligada a procrear sin desear tener hijos puede generar, en algunos casos, una situación más traumática aún. Solo de esa manera se explica que en los países donde el aborto es ilegal muchas mujeres estén dispuestas a poner en riesgo su vida en intervenciones clandestinas con tal de interrumpir el embarazo”, cita el informe.
Las evidencias están mostrando que es poco probable que una mujer llegue a un embarazo no deseado porque el aborto sea legal y, además, que la legalización ayuda a que sean más eficaces las políticas orientadas a promover prácticas sexuales responsables y a darle contención y orientación a quienes enfrentan un embarazo no buscado.
“Merecen ser respetadas las posiciones fundadas en consideraciones éticas y religiosas que sostienen la oposición a la interrupción del embarazo. Pero el mismo tratamiento merecen quienes consideran que no corresponde obligar a una persona a concebir un hijo que no quiere tener. Respetar la voluntad de las personas, en línea como lo hacen los países más desarrollados, no solo es un acto de tolerancia sino también una manera de generar estrategias más eficaces para evitar los embarazos no deseados”.
Quienes defienden la legalización suelen citar números que hablan de unos 500 mil casos por año. Por otro lado, quienes están en contra desestiman ese cálculo y aseguran que no existe un problema de salud pública. Algunos, llegaron a comparar esta semana de forma maliciosa los datos de los embriones muertos con los desaparecidos durante la última dictadura militar. No obstante, en la Argentina existe poca información oficial sobre interrupciones de embarazo.
Uno de los análisis más contundentes es el del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) realizado junto al Ministerio de Salud de la Nación por las demógrafas Alejandra Edith Pantelides y Silvia Mario, que fue retomado poco después por Amnistía Internacional.
La conclusión de este informe -que se llevó a cabo en 2005- plantea que en nuestro país se hacen entre 370.000 y 520.000 abortos legales y no legales por año. Para llegar a estos números las investigadoras utilizaron dos metodologías: una basada en el análisis del aumento de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto; la otra relacionada al análisis de variables como la fecundidad real y la fecundidad potencial, la prevalencia de uniones, el uso de métodos anticonceptivos y de infertilidad postparto.
Más de una década después casi no existen nuevos datos. Otros de los datos más nombrados son los de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación del año 2016.
Según estos números, ese año murieron 245 mujeres embarazadas. De este total, 43 defunciones fueron por un “embarazo terminado en aborto” (la DEIS no distingue entre provocados y espontáneos o naturales).
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