INFORME ESPECIAL

Las cárceles bonaerenses en caída libre

Las unidades carcelarias, tienen como objetivo reinsertar a las personas que cometen ilícitos, sin embargo en la provincia de Buenos Aires, el verbo reinsertar parece no estar muy claro. El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene un accionar deplorable con los internos. El 80 por ciento de la población carcelaria tiene problema de adicción y solo el 2% recibe la atención necesaria

El sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires parece que no cumple con la premisa de reinsertar a aquellas personas que se encuentran alojadas en diferentes cárceles bonaerenses.

Un estudio realizado por el diputado Walter Martello pone en evidencia el total desapego del Estado bonaerense por el recupero social de personas privadas de su libertad. El informe, que hecha luz sobre las infinitas falencias del Sistema Penitenciario Bonaerense, muestra un altísimo grado de dependencia de las drogas en los reclusos, los cuales son atendidos en una mínima porción y, para colmo, son dejados a su suerte una vez recuperada la libertad. 

De los 28 mil internos que tiene el SPB, un 80% es adicto a algún tipo de droga, pero sólo el 2% recibe atención al respecto. Un 90% tiene o ha tenido vinculaciones al uso de drogas. 

En sus 39 unidades, el SPB recluye al 40% de los presos de Argentina, un número que en los últimos seis años aumentó un 70% en la provincia hasta llegar a los actuales 28 mil reclusos. Esto, en parte, se debe a la ley que endureció el código procesal y que impulsara Carlos Ruckauf en el año 2000.

El dato no sería de tan terrible si se obviara que, dada la escueta infraestructura, la superpoblación carcelaria es del 31%. Es decir que, habiendo lugar disponible para 19 mil internos en la provincia, el SPB encierra en sus cárceles a 28 mil presos.

Además, sólo un 15% de los esos reclusos tiene una sentencia firme en su contra, lo que revela un Estado policial que encierra antes de probar culpabilidades. El 75% de los internos ni siquiera tienen fallos de primera instancia en su contra.

Pero el círculo continúa. Los delitos que llevan a la cárcel a los bonaerenses son, en más del 80%, robos o hurtos. La razón por la cual delinquen se relaciona, en un 80% a la satisfacción inmediata del consumo de drogas, en especial el derivado de residuos de cocaína conocido como “paco”. Lo más triste, quizás, sea que una amplia mayoría de de quienes delinquen por estos motivos tiene entre 15 y 22 años.

En las cárceles bonaerenses, sólo un 2% de todos los internos con problemas de drogas reciben un tratamiento. Y ese tratamiento, además de finalizar una vez la persona recupera su libertad lo que a menudo la devuelve al consumo, es hecho mediante psicofármacos que, a su vez, puede ser adictivos. 

Según el informe, en las cinco unidades bonaerenses hay 3.702 internos, que consumen, mensualmente, unas 42.454 pastillas de psicofármacos. Advierte el informe:

“Un profesional no puede atender y ser responsable por cada dos mil o tres mil internos, esto demuestra la poca relevancia asignada al tratamiento de adicciones como elemento necesario para cortar el vínculo entre adicción, delito y reincidencia”.

“No se puede desconocer a esta altura la terrible vinculación entre adicción y violencia delictiva, esto torna imperante a la postre de impostergable la tarea no sólo de preocuparse sino de “ocuparse” extendiendo los programas de tratamiento de adicciones, para rehabilitación y posterior inserción de los jóvenes en la sociedad”, sostiene el estudio del legislador.

En sus conclusiones, el informe afirma que “Las políticas de contención impulsadas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han resultado, hasta ahora, insuficientes” y que existe una “ausencia de una política clara e integral para los menores y de organismos con presupuesto y entidad suficientes para llevarla adelante”. Denuncia que “parecería ser que aún no se ha tomado conciencia de la magnitud del problema que lo convierte en tema de Estado” y que, ante la falta de inversiones y programas eficientes y largoplacistas, “’criminalizar’ al menor se ha presentado como el camino”.

“Es equivocado pensar que este fenómeno que tiene raíces sociales pueda tener solamente una respuesta penal”, opina y, para finalizar, hace una llamado solapado a las autoridades del estado bonaerenses y en especial a la cartera de Seguridad y Justicia: “las acciones concretas y necesarias, son una cuestión de voluntad y decisión”. CNA

Imagen: enotrosmundos.webcindario.com