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| Fernando Díaz, titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). |
La compleja situación que atraviesa todo el sistema penitenciario de la Provincia de Buenos Aires es para atender día a día, debido a las amenazas que se registran hacia la propia gobernadora María Eugenia Vidal, y ni hablar de toda la corrupción que se respira allí adentro.
Como si eso fuera poco, el magistrado Miguel Antonio Medina (titular del Juzgado Federal Nº2 de Salta) hizo lugar al pedido del fiscal federal Nº2 y coordinador de ese distrito, Eduardo José Villalba; al del fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani; y al fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Vallone, para citar nada más y nada menos que al titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz.
Dicho funcionario deberá presentarse a indagatoria por una causa en la que se lo acusa, junto a otros 37 funcionarios, de administración fraudulenta cuando era auditor general a nivel nacional.
También fue citado quien hoy está a cargo del SPF, Emiliano Blanco. La sospecha sobre ellos apunta concretamente a la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículo 173 inciso 7 en función del artículo 174 inciso 5° del Código Penal), en concurso real con el delito de vejaciones (artículo 144 bis inciso 2º del C.P.).
Según los fiscales, "la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” está íntimamente relacionado con “irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias".
Los directores de la firma proveedora, Servicios Integrales de Alimentación S.A., también serán indagados.
Fuentes de la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que encabeza el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, informó que Díaz "no solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes de 'legítimo abono'".
"El legítimo abono es un régimen irregular y excepcionalísimo de contratación pública que no debió utilizarse en esas operaciones, por el que se pagó la suma de $ 42.799.317,87, mientras que se denunciaron también $ 1.957.725 de sobreprecio", explicaron a través de una gacetilla de prensa.
"Algunas de las maniobras denunciadas, además de el legítimo abono, fueron pago de sumas millonarias por un servicio deficitario, pago de sobreprecios, pago de facturas con precios ajustados pese a que la actualización de los valores fue posterior al período reflejado en el documento, pago de servicios a un valor mayor que el brindado en el mismo período y en iguales condiciones, pago de 49.459 raciones de comida por encima de la cantidad de personas detenidas, entre otras", profundizaron.
Luego de alarmar que Díaz está llevando adelante una política similar en la Provincia de Buenos Aires, formalizaron un pedido de renuncia al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. Lo cierto es que es sólo un llamado a indagatoria y, entienden desde la gobernación, la Justicia deberá avanzar para esclarecer el hecho.
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