domingo, 26 de noviembre de 2017

DETECTARON IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE LAS BATERÍAS DEL ARA SAN JUAN

SOCIEDAD / SUBMARINO DESAPARECIDO 



(TN) - Detectaron irregularidades en la compra de las baterías del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre después de reportar fallas en esta unidad. Las anomalías surgen de un informe del Ministerio de Defensa, que había alertado que la Armada había incumplido con normativas establecidas para la compra de estos insumos. 


El resultado de la investigación coincide con una auditoría de la Sindicatura General (SIGEN). El informe del ministerio fue realizado por un grupo de expertos entre 2015 y 2016. Determinó que la fuerza habría beneficiado a determinados proveedores con la compra de baterías, cometido irregularidades en la reparación de media vida del navío y del recambio de baterías y comprado insumos con garantías vencidas.

De acuerdo al informe, que había sido presentado en 2015 a funcionarios del kirchnerismo, las contrataciones "no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado" y alerta que los militares a cargo de las maniobras "posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG".

A su vez la SIGEN, en una presentación de su auditoría de mayo de 2016, advirtió que hubo demoras de hasta cuatro años en la ejecución material y presupuestaria, lo que hizo que se venciera la garantía de las baterías, según la documentación a la que accedió La Nación.

Además de las anomalías técnicas que señalan los informes hay además irregularidades administrativas. "Los remitos que se adjuntan por cada entrega de materiales no coinciden ni con el número ni con el monto de las facturas acompañadas a las órdenes de pago, que ascienden a la suma parcial de 1.312.214 euros", indica el informe.

El trabajo indicó además que hubo varias irregularidades en común con las obras de éste y otros navíos, como los submarinos ARA Santa Cruz y ARA Salta, y la Fragata Libertad, el buque insignia de la fuerza.

Entre ellas la contratación de las mismas empresas y sospechas de direccionamiento en el proceso licitatorio.

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