(U24) - El diputado nacional por el FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, amplió su denuncia judicial contra Mauricio Macri y otros miembros del gabinete nacional en la causa conocida como 'Correogate', tras las revelaciones periodísticas que informaron que el presidente, según el denunciante, "orquestó desde el gobierno el auto perdón de $70 mil millones de deuda del canon del Correo Argentino, y que tuvo la complicidad de estudios de abogados que actuaron desde los dos lados del mostrador”.
El legislador señala que -según una investigación del periodista Ari Lijalad- el director de Asuntos Jurídicos del extinto Ministerio de Comunicación, Juan Manuel Mocoroa, “pidió instrucciones a Aguad sobre una propuesta que se presentó 14 días después y de la que el Estado, legalmente, recién se enteró 20 días más tarde”.
“El Gobierno no sólo sabía los detalles de la propuesta de los Macri antes de que la presentaran, sino que incluso anticipó la mejora de esa misma oferta que harían. La prueba es la respuesta del entonces ministro Aguad a Mocoroa, con instrucciones de cómo actuar en la audiencia donde se acordaría la condonación de la deuda a la familia presidencial”, relata en su presentación.
Tailhade también hace referencia a la investigación publicada por la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil, que refiere que “la mayoría de los abogados que deben velar por los intereses de los acreedores tienen nexos con la deudora, es decir, con Correo”.
La presentación del diputado da como ejemplo a Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, que aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo, y al mismo tiempo figura como director suplente del Correo en 2007 y 2010.
El estudio Tonelli es dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli y representa al Correo desde hace años. Pablo E. Sarín, otro miembro de ese estudio, es vicepresidente de Correo desde 2011; Mercedes Tonelli, abogada del estudio e hija del diputado, también cobró honorarios de Correo. Asimismo, en su última declaración jurada, el diputado Tonelli “manifestó tener el 50% de las acciones de una sociedad civil que lleva el nombre del estudio jurídico y su dirección.”
De acuerdo a la periodista de Perfil, lo mismo ocurre con Claudio G. Lehmann, Germán G. Carnevale, Susana Piantelli y otra docena de abogados que representan a la mayor parte de los acreedores y a la vez tienen vínculos con el Correo.
La causa tramita en el juzgado de Ariel Lijo y era investigada por el fiscal Juan Pedro Zoni, pero esta semana fue desplazado y se colocó en su lugar al fiscal Gerardo Pollicita. En junio pasado, Zoni había emitido un dictamen en el que señaló que a raíz del acuerdo con el Correo se produjo un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado.
El apartamiento se produjo justo después de que Zoni entregó un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y pidió medidas para investigar una sucesión de reuniones de 2016 en la Casa Rosada y Olivos con representantes del Correo Argentino, empresa del Grupo Macri, por la época en que se avecinaba el acuerdo en el cual el Estado aceptó condonarle casi el total de su deuda multimillonaria.
Uno de los puntos clave de esta investigación apunta a la presunta injerencia del mandatario en un acuerdo que fue considerado “ruinoso” y “abusivo” por la fiscal comercial Gabriela Boquín, teniendo en cuenta que se trata de un negocio propio.
Zoni impulsó la causa por el acuerdo del Correo apenas su colega Boquín denunció en el fuero comercial que el Estado había aceptado a mitad de 2016 un convenio que implicaba la condonación de casi la totalidad de la deuda de la empresa, que asciende a unos 4000 millones de pesos. Fue tan grande el escándalo que el Gobierno tuvo que desistir de lo que había firmado.
Pero desde entonces, y según la periodista Irina Hauser, "tanto la empresa como el Estado volvieron a implementar artilugios múltiples que hicieron que hasta hoy siga sin existir acuerdo homologado. El concurso data de 2001 y tampoco se decretó la quiebra, lo que arrastraría a sus controlantes, que son las empresas del Grupo Macri Socma y Sideco".
Zoni imputó en un comienzo al Presidente Macri, a quien era ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y al ex director de asuntos jurídicos de esa cartera, Juan Mocoroa que fue quien firmó el acuerdo con la empresa postal y que dijo que seguía “instrucciones” del Ejecutivo.
Más adelante amplió imputaciones, cuando Boquín denunció maniobras de vaciamiento en medio de las negociaciones para el acuerdo por las cuales se habrían beneficiado con retiros de dinero Socma y Sideco. Esto implicó una nueva pata en la investigación, que apunta a determinar si hubo fraude en el concurso, en la que surgieron nuevos imputados, como la jueza del concurso, Marta Cirulli, que habilitó retiros de dinero.
Además de haber investigado a Macri, desde la fiscalía 8 Zoni imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión de deuda a 100 años, un expediente que luego cambió de juez y pasó a manos de otro fiscal. La decisión de apartar a Zoni fue tomada por el procurador general interino, Eduardo Casal, que dispuso "designar a partir del 16 de abril de 2018, al señor Fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° ll, doctor Gerardo Pollicita, interinamente a cargo de la Fiscalía n°8 del fuero, por el término de cuatro meses", según consta en la resolución 70 de la Procuración.
El procurador interino diferenció la situación de Zoni de la de otros fiscales federales trasladados, al sostener que los otros casos involucraban a "magistrados que se encontraban prestando funciones en una fiscalía y fueron trasladados a otra".
Casal recordó que Zoni juró como fiscal el 29 de diciembre de 2014, tras concursar en Santiago del Estero, y el mismo día se dispuso su traslado a la Fiscalía Federal 8 de Comodoro Py y remarcó que la fiscalía para la cual concursó nunca estuvo habilitada.
En tanto, Hauser asegura que Pollicita cultivó cierta cercanía con Macri cuando integró la comisión asesora en seguridad deportiva de Boca en 2007, por la que también pasaron otros fiscales como Carlos Stornelli y Raúl Pleé -con quien Pollicita trabajó en la provincia de Buenos Aires- y también Ariel Lijo, el juez cargo de la causa del Correo, quien no está en su mejor momento de relación con el Gobierno, que lo presiona a través del Consejo de la Magistratura.
Pollicita es el fiscal que investigó a la ex presidenta Cristina Kirchner y la acusó de haber montado una "asociación ilícita" para desviar fondos públicos durante su paso por la Presidencia de la Nación, además de imputarla por el Memorándum con Irán, y a Cristóbal López por la deuda de Oil Combustibles.
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