La Justicia de Instrucción allanó las oficinas de la La Usina Producciones en la causa por presuntas irregularidades en contratos celebrados por esa empresa de la que formó parte el candidato a diputado nacional Fernando Niembro (foto).
Los allanamientos fueron 5 y se efectuaron por orden de la fiscalía de instrucción número 43, a cargo del fiscal Carlos Velarde, se informó. Por otro lado, el gobierno porteño entregó información solicitada por la fiscalía. "Hubo un oficio y una orden de presentación vinculados con la actividad de la compañía", dijo una fuente del gobierno porteño lanación.com.
El juez de instrucción Roberto Ponce es quien investiga la denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra Niembro, periodista y candidato del PRO en la provincia de Buenos Aires. La causa se formalizó tras la denuncia de "administración fraudulenta" realizada por el abogado Antonio Liurgo, quien solicitó el allanamiento y el "inmediato secuestro de documentación" de la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno porteño.
Días atrás fueron difundidos documentos que prueban la facturación por un total de $ 21 millones por parte de esa empresa -de la que formó parte Niembro hasta mediados de 2014-, al gobierno de la ciudad. Niembro "se habría beneficiado en forma irregular mediante contratación directa –del gobierno porteño- a la empresa 'La Usina Producciones S.R.L.', por una suma que se aproxima a los 20.000.000 de pesos".
"Esto es un golpe electoral pero mi actuación en el hecho en cuestión ha sido transparente. De lo que me acusan pasó hace un año y medio, y toda la información está disponible. Ellos están en desventaja, son minoría y por ese motivo van a usar todo tipo de golpes. A nosotros no nos van a sacar de la cancha porque tenemos fortaleza aunque nos corran con mentiras", dijo Niembro días atrás en declaraciones a Urgente24 Radio.
El denunciante Liurgo afirmó al sitio Minuto Uno que "mediante la delictiva aplicación del Decreto 556/2010, esta particular fauna administrativa argumentaría una vez más la premura de la contratación irregular para evitar la licitación pública".
Para el letrado, la denuncia penal es la vía para investigar un supuesto multimillonario perjuicio al Estado local. El letrado pidió además al juez que cite a declarar como testigos a la legisladora K porteña Gabriela Alegre y al auditor del gobierno porteño Eduardo Epszteyn.
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